El año judicial en Baleares: Cursach queda absuelto, Rodríguez en prisión y otras noticias de 2022

Casos mediáticos como las piezas Cursach o Peaje se han juzgado este año 2022 en Baleares, en el que los tribunales también dejan noticias como el ingreso en prisión del expresidente del PP de Palma José María Rodríguez o el juicio del 'crimen del jacuzzi' de Menorca.

Este año también se ha juzgado el incendio de los Juzgados de Ibiza y se han dictado las primeras condenas contra personas acusadas de patronear pateras hasta Baleares. La 'ley del sólo sí es sí', la querella de Fiscalía contra el presidente del Consell de Ibiza y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Caso Móviles han sido otros titulares destacados.

CURSACH, ABSUELTO

A mediados de junio arrancaba el juicio principal de la macrocausa de corrupción de la Policía Local, con el empresario Bartolomé Cursach en el banquillo.

A pocos días de comenzar las sesiones la Fiscalía ya rebajó su petición de pena de prisión para varios de los acusados --para Cursach, de ocho años y medio a un año y medio-- y retiró acusaciones para otros tantos --el director de Tito's, Jaime Lladó, y la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell, entre ellos--.

Durante el juicio en la Audiencia Provincial, ya en noviembre, la Fiscalía retiró el resto de acusaciones, y al hacerlo también las acusaciones particulares, Cursach quedaba automáticamente absuelto. Una imagen que se recordará fue la del fiscal Tomás Herranz cuando en su informe pidió perdón a los acusados.

De 24 procesados en un inicio, finalmente sólo quedaron acusados dos policías locales, que en sentencia han sido absueltos; una sentencia que abre procedimientos contra varios testigos por supuesto falso testimonio y obstrucción a la Justicia, y que supone también un nuevo frente para el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán por presuntos delitos en la instrucción de la causa.

CONTINÚA EL PROCESO EN EL TSJIB CONTRA LOS INVESTIGADORES

Y es que este año ha continuado el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia contra los funcionarios que investigaron a Cursach. En junio, la Sala de lo Penal dictó un auto acordando juzgarlos por coacciones, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales.

El caso, sin embargo, sigue pendiente de juicio. En marzo, el Tribunal Constitucional estimaba los recursos de Europa Press y Diario de Mallorca sobre las medidas dictadas por el juez Miquel Florit en 2018, al principio del procedimiento. El Alto Tribunal amparó a los periodistas y declaró que se habían vulnerado sus derechos al no permitirles impugnar el rastreo de sus llamadas y la incautación de sus teléfonos.

Al finalizar el año las partes aún debaten sobre el alcance de esta sentencia, que ordena retrotraer las actuaciones y que en sus fundamentos certifica que los autos afectaban directamente al derecho al secreto profesional periodístico.

Mientras, algunas acusaciones --aunque todavía no la Fiscalía-- ya han ido presentando sus escritos de acusación. Los abogados de Cursach lo hicieron justo después de terminar su juicio en la Audiencia. El empresario pide 200 años de cárcel, 338 años de inhabilitación y multas de 2,3 millones para los funcionarios que le investigaron --y se reserva el derecho para solicitar indemnizaciones por la vía civil--.

EL CASO PEAJE SE CIERRA CON CONDENAS MÍNIMAS

Otro gran caso que se desinfló al llegar a juicio fue el caso Peaje, la última pieza de corrupción de la etapa de Unió Mallorquina en el Consell de Mallorca, sobre un presunto desvío de fondos durante el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.

El juicio se había retrasado por las dificultades de Justicia para acoger un macrojuicio de estas características, con un jurado popular, y finalmente se señaló para el 5 de septiembre habilitando un espacio en Sa Gerreria.

La pieza se cerró con un acuerdo entre Fiscalía, Consell de Mallorca y defensas. Se retiró la acusación contra el exconseller Antoni Pascual y otros cinco procesados, se declararon prescritos los hechos para otros tres y se pactaron importantes rebajas de penas para el resto, junto al pago de multas.

El acuerdo también incluía una regularización del contrato de gestión de la carretera Ma-15 y el compromiso de la concesionaria de retirar los contenciosos contra el Consell, por valor de entre 350 y 400 millones de euros.

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ, A PRISIÓN

En julio el Tribunal Supremo confirmó la condena al expresidente del PP de Palma y exconseller de Interior del Govern, José María Rodríguez, de tres años y medio de cárcel por el caso Over.

El político presentó un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional para tratar de evitar la prisión. Sin embargo, a día de hoy sigue pendiente de resolución.

Así, Rodríguez recogía en octubre el mandato de ingreso en prisión, el mismo día en que la Audiencia retomaba el macrojuicio de Cursach, por lo que su llegada al Palacio de Justicia fue captada por las cámaras.

Rodríguez ingresó el mismo día, pero lo hizo en el Centro de Inserción Social (CIS) de la prisión y poco después obtenía el tercer grado. Supone poder salir del Centro durante el día, teniendo que regresar sólo para dormir, y es el paso previo a obtener la libertad condicional.

EL 'CRIMEN DEL JACUZZI'

En la Audiencia se juzgaron con jurado popular varios casos de violencia de género: en mayo fue condenado a 21 años de prisión un hombre por una paliza que mató a su mujer en Son Cotoner; y en octubre, se dictó una condena de 23 años por el asesinato de Remedios Cortés a manos de su pareja, quien la golpeó con una piedra en la cabeza.

El último de estos juicios, conocido como el 'crimen del jacuzzi', terminó con una condena máxima, de 25 años de cárcel. El jurado declaró que la muerte de Elizabeth Pimentel no fue un accidente, como intentó fingir su marido, sino un asesinato.

El caso se había tratado como una muerte accidental hasta que una grabación encontrada en el teléfono de la víctima incriminó al hombre, al que Venezuela buscaba internacionalmente por la muerte de otra mujer.

Otro juicio con jurado fue el del incendio del edificio okupa de Es Viver, en el que murió una mujer en enero de 2019. Uno de los dos acusados fue absuelto y para el otro se rebajó la pena. Son los mismos hombres procesados por el incendio de los Juzgados de Ibiza, cuyo juicio se celebró en noviembre y está pendiente de sentencia.

También este 2022 se han dictado las primeras condenas por pilotaje de pateras hasta Baleares. La clave ha sido que se practicó como prueba preconstituida la declaración de los pasajeros a su llegada --ya que posteriormente la Justicia tiene muchos problemas para localizarlos--.

VALTONYC, VICENÇ MARÍ Y OTROS TEMAS

En mayo, Bélgica rechazó extraditar al rapero mallorquín Valtònyc a España tras repetir el juicio.

En septiembre, la Fiscalía se querelló contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicenç Marí, por supuesta prevaricación en la campaña 'La vida Islados'. Y, entre otros temas, también este año se han conocido los escritos de acusación de la Fiscalía para la regidora Neus Truyol por los vertidos de Emaya y para los migrantes del 'avión patera' de 2021 por sedición.

Otro asunto que dio que hablar entre los juristas fue la 'ley del sólo sí es sí': en noviembre la Audiencia ordenó la excarcelación inmediata de dos presos tras una revisión de condena, y ha trascendido un caso que ya está en el Tribunal Supremo por una agresión sexual a una menor en Mallorca.