Cursach acusa a Penalva y Subirán de incurrir en hasta diez delitos para sacar adelante sus investigaciones contra él

El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach vuelve a pronunciarse en el marco de la causa centrada en las presuntas irregularidades cometidas por el juez y el fiscal que le investigaron durante tres años. Y lo hace para acusarles de hasta un total de diez delitos, entre ellos el de integrar una organización criminal dirigida a aleccionar a testigos protegidos -que, señala, llegarían a formar parte de esa estructura a cambio de beneficios procesales-, coaccionar a los investigados a fin de que declarasen unos contra otros, prolongar de forma deliberada el encarcelamiento de varios de ellos, retrasar de forma “intencionada y maliciosa” declaraciones testificales y filtrar a la prensa información secreta “con la finalidad de generar, desde la absoluta impunidad, una opinión social desviada en contra” de los encausados.

Así lo pone de manifiesto en el escrito que ha presentado para oponerse al auto con el que, el pasado 1 de diciembre, el magistrado Carlos Gómez cerró la instrucción de la causa, tumbó las acusaciones más graves que pesaban contra el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán -quienes defienden a cal y canto el trabajo que llevaron a cabo- y dejaba a ambos a las puertas del banquillo por un presunto delito de revelación de secretos y otro de omisión del deber de perseguir delitos en relación con la difusión supuestamente interesada de sus actuaciones judiciales “con la exclusiva finalidad”, según Cursach, de “conseguir apoyo social que dotara de credibilidad” sus tesis.

En su impugnación, a la que ha tenido acceso Crónica Balear, enumera las distintas conductas de las que afirma sentirse perjudicado durante los tres años en que Penalva y Subirán instruyeron las distintas líneas de investigación del caso Cursach y apunta, en concreto, a la presunta comisión de delitos de prevaricación judicial, contra la libertad individual, contra el derecho a la asistencia letrada, revelación y aprovechamiento de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, falso testimonio e inducción al falso testimonio, obstrucción a la justicia, coacciones, encubrimiento e integración en grupo criminal.

A lo largo de su exposición, la defensa del magnate mallorquín, ejercida por el abogado y fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional Enrique Molina, alude a los más de mil folios de conversaciones extraídas del grupo de Whatsapp que tanto juez como exfiscal mantenían abierto junto a cuatro miembros de Blanqueo de la Policía Nacional, también acusados por su intervención en el caso Cursach. Al respecto, el letrado subraya que el objeto de las conversaciones era la planificación de las estrategias de difusión mediática de sus actuaciones judiciales y policiales cuya finalidad última era “generar un clima que llevase a que nadie pudiera llegar a cuestionar las decisiones tomadas por los investigadores (…), llegando a plantear como reales imputaciones esperpénticas al amparo de falsos testimonios planificados y coordinados” por todos ellos.

El abogado apunta, asimismo, a la “propuesta coordinada de ‘dar golpes de efecto’ con detenciones de familiares de los investigados”, en alusión al arresto de los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP en Palma Álvaro Gijón, investigado y posteriormente exonerado en una de las piezas del caso Cursach, así como a la “preparación, coordinación y corrección de las declaraciones” de varios testigos, entre ellas las de Daniel Corral, extestigo protegido 29, a quien la Policía Nacional llega a considerar “un auténtico misil teledirigido” en manos de Penalva y Subirán.

En esta línea, la defensa de Cursach arremete con dureza contra el auto de Gómez, que considera “exponente de muchas horas de trabajo pero dictado con urgencia” mientras “olvida el contenido íntegro de la investigación, parcela segmentadamente comportamientos que sólo pueden valorarse en su conjunto y aprecia aisladamente pasajes de conversaciones, realidades objetivables y actividades secuenciadas y coordinadas que no pueden entenderse descontextualizadamente las unas de las otras”. Recrimina, además, que la resolución valore los indicios “como si de auténtica pruebas se tratara, emitiendo juicios de valor que sólo corresponden al tribunal sentenciador”.

Numerosas acusaciones se han opuesto a la decisión adoptada por el magistrado, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene, del mismo modo y en base a los mensajes de Whatsapp que los antiguos investigadores se intercambiaron durante varios años, cómo enviaron de forma "premeditada" a prisión a varios investigados -a pesar de que "no existía ninguno de los presupuestos que exige la Ley para acordarla"-, prorrogaron deliberadamente sus detenciones y aleccionaron a varios testigos protegidos para que declarasen de acuerdo a sus tesis.

Frente a tales alegatos, Penalva y Subirán acusan al Ministerio Público de sostener tesis "delirantes" contra ellos sustentadas en testimonios "inveraces e interesados". A su juicio, la causa abierta para investigarles ha sido el “medio” empleado por las distintas acusaciones "para intentar acabar con las causas derivadas de la trama Cursach", toda vez que postulan que los fiscales han omitido la toma de declaración "a todas aquellas personas que comprometerían seriamente su forzada tesis acusatoria".

Mientras tanto, el exnúmero dos de Cursach, Bartolomé Sbert, critica el "cierre en falso" de las investigaciones contra juez y exfiscal a pesar del "cúmulo de indicios delictivos" que han aflorado a lo largo de los últimos años en relación con su actuación al frente del caso Cursach. El exdirectivo asevera, incluso, que con esta decisión se estaría instaurando la "doctrina Penalva", dado que, a su juicio, supone "la construcción de una resolución ad hoc, un 'traje a medida' para proteger a un compañero de profesión".