Una treintena de restauradores lleva al Govern a los tribunales por el cierre de los bares

Una treintena de propietarios y administradores de restaurantes de Mallorca ha decidido llevar a los tribunales al Govern al considerar contrario a derecho el cierre de bares decretado por el Ejecutivo balear, el pasado 11 de enero, para poner freno a la expansión del COVID. Entre los demandantes se encuentran la presidenta de Pimem, Eugenia Cusí, y el de la recién impulsada Asociación de Restauradores de Mallorca (Arema), Jaume Colombàs.

Los restauradores han acudido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para impugnar, vía contencioso-administrativa, varias de las resoluciones adoptadas por el Govern en las últimas semanas.

El recurso, al que ha tenido acceso Crónica Balear, va dirigido, en concreto, contra el acuerdo con el que el Govern dispuso medidas excepcionales en Mallorca e Ibiza así como diversos artículos del documento con el que se aprobó, el pasado 27 de noviembre, el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la pandemia.

Tal y como señala Cusí, se trata de un recurso que somete tales decisiones al control judicial "en aras de la transparencia y la proporcionalidad que venimos reclamando infructuosamente durante todos estos meses en diversos foros con la administración pública".

La presidenta de Pimem explica que la demanda, suscrita por los abogados Francisco José Pérez y Bochika Bitata Sopale, ha sido materializada a raíz de la unión de numerosos empresarios "independientes" del ámbito de la restauración y de dos asociaciones sectoriales que "les apoyan y que ven cómo estas resoluciones les causan perjuicios económicos irreparables".

"Los empresarios están sufragando de su bolsillo este procedimiento judicial", ha querido dejar claro Cusí, quien asevera que "no hay ninguna formación política que esté dirigiendo esta reclamación judicial ni la va a haber". Tal y como subraya, los restauradores no descartan que el recurso se amplíe a nuevas resoluciones que se adopten, de modo que, en ese caso, "podrían adherirse más empresas y empresarios que se viesen afectados".

Precisamente, el sector de la hostelería ha salido de nuevo a la calle para protestar contra el cierre de bares y restaurantes en Mallorca. Lo ha hecho este sábado, convocado por la plataforma Resistencia Balear, que ha celebrado una tercera movilización, en el Paseo Marítimo de Palma, ante la prórroga durante dos semanas más del cierre de la restauración.

A pesar de que la manifestación había sido autorizada como una marcha motorizada, finalmente los participantes también la han llevado a cabo a pie. La última de las protestas, realizada el pasado día 22, se saldó con 16 personas sancionadas después de que la movilización derivase en una protesta a pie que no estaba permitida. La suma de las multas asciende a 57.000 euros.

Por su parte, la manifestación de este sábado ha arrancado a las 11.00 horas desde el Palacio de Congresos de Palma y ha llegado hasta la sede de la Presidencia del Govern, en el Consolat de Mar. Durante la protesta, el portavoz de Resistencia Balear, Víctor Sánchez, ha explicado que "lo que quiere la Plataforma es ejercer una presión social para que se permita reabrir al sector". Además, los hosteleros reclaman al Ejecutivo de las Islas ayudas directas para afrontar el cierre obligado de sus negocios así como una exención de determinados impuestos.