Abren diligencias penales contra Angélica Pastor por la revelación de informaciones secretas del caso Cursach

La exconcejala de Seguridad Ciudadana y actual regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, vuelve a situarse en el epicentro de un nuevo procedimiento judicial después de que un Juzgado de Palma haya abierto diligencias penales contra ella a raíz de la presunta revelación de informaciones y futuros acontecimientos procesales relativos al caso Cursach mientras la causa se encontraba bajo secreto de sumario.

Así lo ha acordado el Juzgado de Instrucción número 3 tras admitir a trámite la querella interpuesta por un exfuncionario de Cort, detenido y encarcelado en su día en el marco de las anteriores pesquisas, de las que finalmente resultó exonerado. En concreto, el denunciante acusa tanto a Pastor como al director general de Seguridad Ciudadana en la época en que se sitúan los hechos y al entonces asesor de prensa de la Concejalía de supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, violación y revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos públicos.

La jueza encargada de instruir las investigaciones, Martina Mora, ha remitido, además, una copia de la denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Baleares para descartar que esta pudiera interferir en las investigaciones que la máxima instancia judicial de las islas lleva a cabo, en el marco del conocido como ‘caso Whatsapps’, en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach y el papel que habrían ejercido en ellas los antiguos investigadores de la causa.

A lo largo de sus 39 páginas, la querella, a la que ha tenido acceso Crónica Balear, da cuenta de hasta 18 actuaciones presuntamente delictivas en las que habrían participado los denunciados. Y es que, de acuerdo al relato de los hechos, aquellos se habrían concertado para sustraer documentos administrativos de carácter privado del Consistorio palmesano así como informaciones secretas y confidenciales -de las que eran directamente depositarios en algunas ocasiones o conocedores en otras- para facilitarlas a la prensa de cara a su posterior difusión.

Según el funcionario, el fin último de tales prácticas no sería otro que “destruir la reputación, el honor, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva de numerosos funcionarios del Ayuntamiento de Palma para asegurar condenas de gente inocente”.

Y ello, precisa, a través de actuaciones como la sustracción de documentos privados de funcionarios, el acceso a sus correos electrónicos, la difusión en prensa del domicilio familiar de los investigados, la grabación “furtiva” de conversaciones de terceros dentro del cuartel de la Policía Local o la publicación de los detalles de los escritos presentados por los funcionarios municipales. Unas conductas que, a su juicio, “ultrapasan los límites del legítimo ejercicio de Seguridad Ciudadana para convertirse en prácticas delictivas propias sólo de regímenes totalitarios”.

Entre los hechos descritos en el documento, el querellante alude especialmente al que dio inicio a su periplo judicial: la publicación en prensa, en agosto de 2016, del escrito íntegro que dirigió en su día tanto al alcalde, José Hila, como a Pastor para expresar su opinión y solicitar el respeto a la presunción de inocencia de uno de los policías locales investigados en el caso Cursach. Junto al escrito, asevera, se revelaban “de manera inconsentida” datos privados que quebraban su “intimidad personal y familiar”.

El funcionario considera responsables de un delito de violación de secretos a los tres denunciados, dado que, señala, no ha hallado el escrito en el sumario del caso Cursach -de donde pudiera haberse extraído- y, además, se trataba de un documento administrativo “únicamente custodiado por doña Angélica Pastor”.

A partir de ese momento, la denuncia desgrana las sucesivas filtraciones que el entonces equipo de Pastor habría efectuado y cuya comisión habría quedado reflejada no sólo en la publicación de las informaciones, sino también, previamente, en una grabación en la que Pastor da cuenta a sus interlocutores de varias actuaciones declaradas secretas. El funcionario, que sitúa el encuentro el 4 de marzo de 2016, subraya que el audio probaría que numerosas noticias publicadas en prensa a lo largo de ese periodo procederían de las filtraciones de Pastor y sus colaboradores, particularmente las relacionadas con la investigación, detención y futuro encarcelamiento del querellante.

No en vano, durante la grabación, de aproximadamente una hora y 45 minutos, la concejala llega a asegurar que conoce “mucha parte del secreto de sumario ya. He ido ocho veces a ver al juez y al fiscal", para después añadir: "Lo tengo muy mascado” o “yo sé cuál es la estrategia del Juzgado”. Y ello a pesar de que, como recuerda la querella, en una rueda de prensa ofrecida el 17 de febrero de 2016 Pastor “reconoció públicamente” ser consciente del sigilo sumarial: “Hay una investigación bajo secreto de sumario y tenemos confianza total en la justicia”, apuntaba.

Así, en relación con el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y el exdiputado de esta formación Álvaro Gijón -quienes fueron encausados en una de las líneas de investigación del caso Cursach, finalmente archivada-, Pastor alude a ellos en los siguientes términos: "Igual que te digo que yo no sé si Gijón y Rodríguez estaban dentro de la trama corrupta, tienen algo que ver o únicamente los tienen pillados por algún trato de favor". No obstante, en la fecha en que la conversación tuvo lugar no había constancia, debido al sigilo sumarial, de ninguna investigación abierta contra ambos expolíticos.

Un comportamiento idéntico, según la denuncia, se produjo en otros instantes de la grabación, cuando Pastor habría revelado las diligencias de investigación que se estaban desarrollando en torno a las actividades del empresario Bartolomé Cursach o cuando habría ofrecido detalles “secretos y confidenciales del expediente disciplinario, de naturaleza reservada”, abierto al jefe de los Bomberos de Palma, Manuel Nieto.

El funcionario alude, asimismo, al momento en el que trascendió en prensa que se le estaba investigando en el marco del caso Cursach en base a documentos que acreditarían “indubitadamente el conocimiento de doña Angélica Pastor, y por ende sus estrechos colaboradores, de las diligencias de investigación” que habrían acabado revelando pese a estar declaradas secretas.

Y, en este contexto, hace referencia a otro de los momentos de la grabación en el que la entonces concejala de Seguridad Ciudadana habría revelado futuras detenciones. En mayo, apenas unos días después de que la prensa hiciera referencia a la previsión de esos arrestos, el exfuncionario de Cort sería detenido “en un gran operativo” y, al día siguiente, el juez Manuel Penalva, a propuesta del fiscal Miguel Ángel Subirán, acordaría su ingreso en prisión sin fianza.

“La violación de secretos y su difusión son un hecho gravísimo en un estado democrático y derecho, pero el contenido de la noticia revela algo todavía más inquietante: la decisión del encarcelamiento (…) ya estaba tomada antes de la propia detención y eso ya se había revelado antes de que se produjera”, recalca la querella.

El abogado del funcionario insiste en su denuncia en que el contenido de la grabación sería prueba de que Pastor “sería la autoridad que violaba las informaciones secretas y confidenciales de las que tenía conocimiento” y, con estos mimbres, reclama la declaración de los denunciados en calidad de investigados, la intervención de sus móviles así como el análisis de su mensajería en aras a acreditar “revelaciones de secretos y comunicaciones entre los miembros de la organización criminal”, además de la práctica de numerosas testificales, entre ellas la de Hila y las de varios comisarios, inspectores y agentes de la Policía Local.