Recurren la implantación del certificado covid en Baleares: "Es completamente injustificada"

"Es un momento fundamental para que los ciudadanos de Baleares despertéis y defendáis vuestros derechos". Con esta proclama, una plataforma ha anunciado que recurrirá la implantación del certificado covid en las islas y, principalmente, la exigencia de este pasaporte a los sanitarios no vacunados del archipiélago.

A través de un mensaje difundido vía Whatsapp, el abogado Luis María Pardo, de la asociación Liberum -una de las entidades antivacunas que se encuentran tras el frente judicial que pretende paralizar la aplicación del certificado covid y otras medidas sanitarias impulsadas por distintas Comunidades Autónomas-, señala que impugnará la decisión del Govern balear por considerar "completamente injustificadas las restricciones que nos están imponiendo".

Va, incluso, más allá. Considera que la actual es una "situación difícil en la cual se nos está discriminando a los no vacunados" en base, llega a afirmar, a una realidad "sin evidencia científica ni médica".

"Hace escasas semanas comuniqué que el pasaporte covid para el ocio nocturno era la antesala de la restricción brutal de las libertades en otros ámbitos, hice hincapié en que era el inicio de la limitación de esos derechos, primero en el ocio nocturno, luego en bares y restaurantes, en los alojamientos turísticos, en las piscinas, en los cines y los gimnasios, y se termina imponiendo la medida a los trabajadores en los centros sanitarios, funcionarios públicos, la Policía, la Guardia Civil y los aeropuertos" [a pesar de que el certificado covid no se encuentra implantado en estos últimos colectivos e instalaciones]". Se trata, en opinión de Pardo, de "una restricción brutal e inadmisible de nuestros derechos más elementales a la dignidad humana, a la no discriminación, a la igualdad de todos los españoles ante la ley". 

El último pronunciamiento sobre uno de los recursos de Liberum lo efectuó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que rechazó la solicitud de la plataforma de suspender la obligatoriedad del pasaporte covid e impuso a la entidad el pago de 2.000 euros por las costas del procedimiento.

Mientras tanto, el pasado sábado entró en vigor en Baleares la exigencia del certificado COVID a profesionales sanitarios o tres pruebas diagnósticas cada semana (por lo menos, dos de ellas PCR) para los sanitarios no vacunados de centros públicos y privados de Baleares, después de que la medida haya obtenido el aval del Tribunal Superior de Justicia de las islas.

No obstante, la Conselleria de Salud y Consumo ha dado 10 días a los centros sanitarios a fin de que elaboren protocolos para establecer tres pruebas diagnósticas semanales a sus trabajadores no vacunados.

En este sentido, cabe recordar que la Conselleria ha elaborado una circular, publicada este sábado, para concretar algunos aspectos relacionados con el acuerdo del Govern, que establece que los trabajadores no vacunados adscritos a centros sanitarios públicos y privados deben presentar tres pruebas diagnósticas semanales --por lo menos dos de ellas, PCR-- para ir a su puesto de trabajo. Las personas mencionadas que hayan pasado la COVID-19 están exentas de la realización de estas pruebas de cribado preventivo durante los 90 días siguientes al diagnóstico de la infección.

Concretamente, en dicha circular se establece que la obligación de someterse a una prueba PCR al personal trabajador de los centros sanitarios, con independencia de su estado de vacunación, que se incorpora de un período de permiso o vacaciones, sólo será exigible al personal que se incorpore tras un período de ausencia por vacaciones o licencias de cualquier tipo de duración igual o superior a 30 días naturales.