Baleares aprueba su Plan contra Inundaciones ante la previsión de nuevos desbordamientos

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad, ha aprobado el nuevo Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones (Inunbal) quince años después de que esta iniciativa fuese aprobada.

En rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, ha manifestado que se trata de un hito importante que supone una respuesta "necesaria, contundente y trabajada a hechos como las inundaciones de Sant Llorenç y el Llevant de Mallorca que el Govern se había comprometido a hacer".

La revisión del Inunbal implica la adecuación de procedimientos operativos a la experiencia adquirida y a la normativa sectorial que se ha ido incorporando en los últimos años. En concreto, prevé el riesgo que sufren las Islas Baleares por tener un clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos muy calurosos y secos, con unas temperaturas extremas atenuadas por la proximidad con el mar.

Se presta especial atención a las gotas frías, ya que son frecuentes en los meses de otoño, lo que hace que las inundaciones sean el principal riesgo natural del territorio por los daños que producen. Además, el hecho de ser un archipiélago condiciona sobre todo la distribución de medios y recursos que deben ponerse a disposición de un equipo para la gestión de emergencias derivadas de las inundaciones.

Otro de los aspectos importantes del Inunbal es que por primera vez incluye la perspectiva del cambio climático y las consecuencias que éste tiene sobre Baleares, entre las que destaca el incremento de las lluvias intensas. De esta forma, se estima que en los próximos años se mantendrán constantes o crecientes los episodios de inundación, teniendo presente que se trata de predicciones.

El Plan establece cuatro tipos de inundaciones y los protocolos de actuación frente a cada una:

1. Inundaciones por precipitación in situ: son las provocadas por precipitaciones intensas, frente a las cuales es importante tener en cuenta el estado de la red de drenaje y la presencia de infraestructuras susceptibles de ser inundadas.

2. Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces: pueden llegar a producir daños importantes a consecuencia del calado y la velocidad del agua, así como del transporte de sedimentos y otros materiales arrastrados por la corriente.

3. Inundaciones en zonas costeras.

4. Inundaciones por rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica: los titulares de las presas deben elaborar e implantar sus propios planes de emergencia.

Ante esto, se hace un despliegue normativo para conseguir una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos y las consecuencias de las inundaciones.

Este nuevo marco incluye también algunos datos de interés. Por islas, la más afectada por episodios de lluvia es Mallorca, con una media de 47 días al año, seguida de Menorca, con una media de 40 días, mientras que en Ibiza y Formentera hay aproximadamente 34 días en los que se producen este tipo de episodios.

De los incidentes producidos en los últimos diez años, el 77% se han producido en entornos urbanos, la mayoría en edificaciones y establecimientos (37% del total). Destacan el número de incidentes relacionados con daños a infraestructuras (48 %), entre ellos los desbordamientos de torrentes en cruces de carretera y las inundaciones en vía pública.

En cuanto a las principales novedades del nuevo Inunbal, se adelanta la fase de preemergencia para alertar de un período en el que es previsible que se produzcan determinados incidentes. Es una fase que ahora se mantendrá activa del 15 de agosto al 30 de noviembre.

Por otra parte, y relacionado con las tipologías de inundaciones, el Plan analiza también los fenómenos geológicos asociados a precipitaciones o avenidas. De este apartado, es importante destacar que este tipo de procesos pueden causar daños económicos y sociales de importancia, y que constituyen así riesgos tanto para la población como para las autoridades competentes en materia de protección civil y que deben tenerse en cuenta.

Esta tarea ha dado lugar a los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación elaborados por la Dirección General de Recursos Hídricos. Los mapas constituyen la información fundamental en la que se basan los planes de gestión del riesgo de inundación, siendo la base cartográfica del Inunbal. Para la elaboración de los mapas de riesgo, se ha confrontado la información de los mapas de peligrosidad con los usos del suelo existentes, para tener en cuenta la vulnerabilidad de los terrenos inundados y el distinto valor del riesgo que implica su inundación.

En relación con la operatividad, el Plan Inunbal reúne el conjunto de acciones, procedimientos y medidas que deben aplicarse para la consecución de los objetivos del Plan. Implica una articulación flexible de estas acciones y estrategias, con arreglo a la gravedad de las consecuencias producidas por las inundaciones, que se traduce en la puesta en marcha o la activación de las diferentes estructuras operativas y organizativas que se prevén.

Prevé la movilización de los medios y recursos públicos y la incorporación de los privados de forma armónica y ordenada en la estructura y organización definida, desde su activación hasta el final de la emergencia y la normalización.

También se pretende ayudar a los municipios de las Islas Baleares a afrontar situaciones de riesgo provocadas por inundaciones, por lo que prevé la implantación de planes municipales que tendrán que aprobar los ayuntamientos para establecer una organización de respuesta propia así como para llevar a cabo actuaciones preventivas.

En este sentido, los municipios deben identificar los puntos de afectación por desbordamiento de torrentes, sobre todo en los tramos que pasan por zona urbana, y elegir qué medidas y acciones preventivas implantarán de forma transitoria para evitar daños personales y también a los bienes y en el medio ambiente.

El Plan ha llegado a la aprobación definitiva después de que la Comisión de Emergencias y Protección Civil y el Consejo Nacional de Protección Civil hayan emitido su visto bueno. Tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión cada cuatro años.