Las ayudas de 855 millones del Gobierno llegarán a poco más del 10% de empresarios de Baleares

Redacción | 22/07/2021

El Grupo Parlamentario Popular, a través de la diputada Salomé Cabrera, ha lamentado que las ayudas del Gobierno "sólo lleguen a poco más del 10%" de los empresarios y autónomos de Baleares.

En una nota de prensa, Cabrera ha insistido en la necesidad de que el Gobierno efectúe los cambios normativos necesarios en el Real Decreto Ley 5/2021 porque "muchas empresas y autónomos no han podido acceder a los 855 millones que le corresponden a Baleares porque los requisitos impuestos son complicados y por la gran burocracia para tramitar dichas ayudas".

"Es necesario que estas ayudas lleguen al mayor número posible de empresas y autónomos, porque si no, puede pasar que no se repartan los 855 millones previstos para Baleares o que el reparto sea muy desigual, con algunas empresas recibiendo grandes cantidades y otros nada", ha dicho Cabrera, para después precisar que "o se hace algo y se cambian los criterios abriendo a todos aquellos afectados independientemente de si tienen deudas, o mucha gente seguirá quedando atrás".

Desde el PP han considerado que si no se cambian los requisitos y se saca una nueva convocatoria que no discrimine y llegue a más gente, "las ayudas llegarán a poco más del 10% del tejido productivo y empresarial de Baleares".

Las demandas del Grupo Popular se sustancia en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Parlament en la que se insta al Gobierno a efectuar los cambios normativos necesarios en el RDL 5/2021 y en las normas vinculadas, para que las empresas, autónomos y pymes que hayan sufrido las consecuencias de la pandemia, pero que estén al corriente de pago, no queden excluidas de las ayudas.

Al mismo tiempo, la iniciativa del PP insta al Gobierno a efectuar los cambios normativos necesarios en el RDL 5/2021 y en las normas vinculadas, para que para acceder a las ayudas no sea requisito imprescindible estar al corriente de pago con la administración.

También se insta al Gobierno y al Govern a efectuar una interpretación flexible del cumplimiento del mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022 para acceder a las ayudas a la solvencia empresarial, respecto de las empresas temporales, de forma que quede clarificado que no es necesario mantener la actividad continua desde junio 2021 a junio 2022.

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