El Supremo confirma las condenas por homofobia contra los dos policías locales denunciados por Sonia Vivas

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de tres años y cinco meses de prisión y de un año y tres meses, respectivamente, a las que fueron condenados dos policías locales de Palma a raíz de las vejaciones homófobas a las que sometieron a la ex agente del cuerpo y actual concejala de Justicia Social, Sonia Vivas.

Sobre uno de los acusados pesa, en concreto, un delito de coacciones, al que se suman otros de denuncia falsa y falso testimonio en el caso del otro funcionario policial. En su resolución, cuya ponente ha sido la magistrada Carmen Lamela, la Sala de lo Penal considera probado que los inculpados mostraron esta actitud como "forma habitual de relacionarse" con Vivas y cómo ambos "realizaban hechos tales como apodarle y llamarle tijeritas, llevarse la mano a los genitales con actos obscenos, hacer chistes de homosexuales en su presencia para que los oyera y mofarse de ella".

La resolución de la Audiencia Provincial de Palma ahora confirmada explicaba que, el 2 de septiembre de 2016, al ser entrevistada en una emisora de radio, Vivas "reveló el acoso del que había sido objeto en el cuartel de San Fernando por determinados compañeros policías, al vejarla y menospreciarla por su condición de lesbiana, sin dar en ningún momento ni el nombre ni la identidad de los agentes a quienes había denunciado".

Sin embargo, los dos policías "se sintieron aludidos como los autores del acoso públicamente denunciado" y, a partir de ese momento y "con la finalidad de desacreditar y escarmentar a su compañera", se pusieron en contacto con otra mujer con la que Vivas se había enemistado en el pasado con el objetivo de que colaborase "con su testimonio y sus actuaciones" para hacer frente a la denuncia de Vivas "y así hostigarla y desacreditarla", proseguía la sentencia.

Del mismo modo, señalaba la Audiencia, uno de los agentes denunció falsamente a la edil al acusarla de haber intentado golpear a un detenido esposado y atado con su mano al asiento en las dependencias del cuartel de San Fernando.

El Supremo, no obstante, ha estimado de forma parcial los recursos de casación que los dos policías interpusieron en abril de 2019. La decisión se traduce en la revocación de la inhabilitación que se les impuso para el empleo de policía durante el tiempo de la condena. Según los magistrados, no existe una relación directa entre el ejercicio del cargo que ambos ostentaban y los delitos cometidos.

En este sentido, el Alto Tribunal sostiene que la actuación de los acusados, aunque estaba "vinculada directamente con unos acontecimientos anteriores que habían tenido lugar en el ejercicio de sus funciones como agentes de policía" -entre agosto de 2007 y diciembre de 2008- y "aun cuando facilitó la comisión de los hechos por los que han sido condenados, no se relaciona con una estricta actuación profesional".

"No puede, pues, establecerse una vinculación entre el ejercicio del cargo y el delito cometido, ya que los hechos por los que los acusados han resultado condenados no se llevaron a cabo en el ejercicio propio de sus funciones específicas, sino que los mismos tuvieron lugar al margen de su condición de funcionarios", incide la Sala al respecto.

Se da la circunstancia de que el fallo del Supremo coincide en el tiempo con el encausamiento de Vivas por un presunto delito de estafa procesal denunciado por los dos funcionarios policiales. En su querella, los agentes la acusan de utilizar -para acreditar el menoscabo físico y mental que la edil aseguraba haber sufrido- los mismos informes médicos que había presentado en otra causa seis años antes.

La denuncia, interpuesta a través de la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA), señala que la regidora, "con un desprecio absoluto a la Administración de Justicia y a la verdad", reutilizó los documentos médicos y la baja laboral en los que ya se había apoyado seis años antes "con la única y miserable finalidad de dar credibilidad a su testimonio" en esa nueva causa.

Con ello, según JAVA, pretendía "conseguir una sentencia injusta con la que perjudicar económicamente a los querellantes a la par que enriquecerse injustamente". El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha citado a declarar como investigada a Vivas el próximo 19 de marzo para interpelarle por estos hechos.