Centenares de denuncias contra locales nocturnos de Palma desmontarían las acusaciones del exfiscal Subirán

Centenares de denuncias de vecinos acreditarían que la Policía Local de Palma inspeccionó y sancionó a decenas de locales nocturnos por incurrir en graves infracciones en materia de ruidos, seguridad, aperturas sin licencia y venta de drogas y no con el objetivo de perjudicarles por ser competencia del grupo Cursach, como sostiene el exfiscal Miguel Ángel Subirán en su escrito de acusación en torno a las actividades supuestamente ilícitas desplegadas por el empresario Bartolomé Cursach para mantenerse en la cúspide del ocio.

Así se desprende de los numerosos expedientes administrativos analizados durante los últimos meses por varios de los policías investigados en el caso Cursach, quienes quieren echar por tierra las tesis que apuntan a que todos ellos realizaron reconocimientos arbitrarios en establecimientos competencia del buque insignia de Cursach, la discoteca Tito’s, a cambio de ser agasajados con drogas, alcohol y sexo.

Las conclusiones alcanzadas por los policías las acaba de exponer en un recurso de apelación de 54 páginas el exresponsable de la Patrulla Verde Gabriel Torres, quien asevera que "el 100% de las inspecciones está justificada, en la mayoría de los casos por llamadas de vecinos indignados ante los continuos incumplimientos de los locales de alterne".

"La única verdad, como se puede demostrar con verdadera prueba de descargo, es que se actuaba por la legítima y motivada queja y requerimiento de centenares de vecinos perjudicados por altercados, peleas, inseguridad ciudadana, salidas de emergencia bloqueadas, excesos de horarios, venta de drogas, venta de alcohol a menores, ruidos, etc. de los locales 'supuestamente perjudicados' en 'beneficio' de los negocios del Grupo Cursach", abunda en su escrito el abogado de Torres, Daniel Rodríguez.

Una a una, la defensa detalla el contenido de las actas levantadas a lo largo de varios años en los distintos locales -uno de los cuales llega a acumular más de 70 denuncias- "como muestra de que la única voluntad de los policías intervinientes era el cumplimiento de la normativa vigente, la ausencia de interés en perjudicar a dichos locales y el acreditar objetivamente lo que realmente sucedía. Unos expedientes que, además, han sido cuadrados -en una "titánica" tarea, como señala el letrado de Torres- con todas las llamadas a la Policía de las que se derivaron las inspecciones.

Una de las denuncias señala, por ejemplo, cómo en uno de los establecimientos “venden alcohol a menores y pastillas que vuelven locos a los jóvenes. No son bandas, son chicos con desestructura familiar y todo se consiente y se alienta por la dueña, una vieja usurera que es una delincuente social”, mientras que otras relatan continuas peleas y gritos a altas horas de la madrugada como consecuencia de los cuales los vecinos temen incluso “por su integridad”.

Respecto a otro de los locales, sobre el que Subirán llega a afirmar que desde el inicio de su actividad recibió constantes visitas de la Patrulla Verde, "a menudo acompañada de 60/80 agentes del GAP" presuntamente comisionados por Torres, el abogado replica: "Tendremos que empezar diciendo que el GAP no ha tenido 80 efectivos ni en el mejor de sus sueños. De la irrefutable documental aportada y aquí extractada se desprende que mi representado acudió un total de ¿dos? veces a lo largo y ancho de la existencia del local. Por lo que nuevamente desacreditamos las maledicentes, carentes de base y huérfanas de toda prueba afirmaciones del Ministerio Fiscal".

E incide: "Roza el ridículo, si no entra de lleno en él, que debamos acreditar el buen hacer del señor Torres durante 24 horas al día y 365 días al año frente a los imprecisos exabruptos de la acusación".

En su recurso, interpuesto contra el auto con el que el magistrado Carlos Gómez archivó, el pasado 1 de diciembre, las acusaciones más graves que pesaban sobre el juez Manuel Penalva y el exfiscal Subirán por sus actuaciones durante la instrucción del caso Cursach, el abogado recrimina que el "mayor delito" que atribuyeron juez y exfiscal a su patrocinado, "y por el que pasó una buena temporada en prisión preventiva", fue el de llevar a cabo inspecciones arbitrarias a locales competencia de Cursach -a pesar de que, según la documentación examinada, en ninguna de las denuncias de los vecinos figura su nombre-, para lo cual "se utilizó toda una serie de actas de inspección y a un puñado de empresarios incumplidores con la normativa vigente a los que se les ofreció un posible resarcimiento económico si denunciaban a los funcionarios que inspeccionaban sus locales, sugestionados para declarar que lo hacían sin motivo justificado".

Asevera que "bastaba irse a los expedientes administrativos para destrozar y hacer volar en mil pedazos la arbitrariedad que manifestaban juez, fiscal y funcionarios policiales investigados". "No hacía falta irse al averno de los archivos de las dependencias donde descansaba toda esta documentación; estaba al alcance más cercano del grupo criminal investigado", apunta, en alusión a la organización que, según varios informes de la Policía Nacional, conformaban Penalva, Subirán y cuatro miembros del grupo de Blanqueo con el objetivo de sacar adelante sus pesquisas.

"La mayor gravedad de la cuestión no es ya que no se quisiera investigar sobre ello, es que se nos vetó la posibilidad de que pudiéramos obtener la prueba para presentarla. Ni siquiera teníamos acceso a la información sobre qué o quién nos atribuía tales hechos por mor del injustificado secreto sumarial. Imagínense la sorpresa cuando descubrimos que bajo el paraguas del secreto sumarial nos aguardaban el testigo protegido 16, el 29, el 'trilero', la 'madame' y 'el Ico'. Nos retumba nuevamente en la cabeza la frase: “alguien ha dicho algo”. Menudo alguien, y menudo algo…", abunda la defensa.

Del mismo modo, la representación procesal de Torres considera "totalmente injustificada" la exculpación de Penalva y Subirán respecto al presunto aleccionamiento que ejercieron sobre los anteriores testigos para que declarasen en un sentido o en otro. Y es que, tal como sostiene la defensa, ambos "eran plenamente conscientes de la gente con la que estaban tratando. Un trilero, tramposo por naturaleza; un adicto traficante con necesidad imperiosa de que le quiten causas de encima (como así se hizo); el delirante misil teledirigido Daniel Corral, que vio a la plana mayor de Fiscalía haciendo cola en un burdel mientras recogía vasos en Tito´s, y la 'madame' de los post-it para recordar lo que tenía que decir de cada uno".

En esta línea, asevera que "es francamente impresionante la capacidad que tiene el magistrado instructor para diseccionar con habilidad cirujana los mensajes de WhatsApp que se cruzaban los investigados y tratar de eliminar de ellos cualquier atisbo delictivo" mientras, recrimina, "el bisturí se le pasa de largo, por ejemplo, cuando llega al ya mítico "callad, que se os oye!!! se os oye cómo le decís derecha!!" del exfiscal Subirán al ser testigo de los chivatazos que daban sus compañeros de fechorías sobre a quién debía identificar el interrogado, o cuando se pasan entre ellos los autos de entrada en prisión precocinados, llegando a permitir el en aquel entonces juez instructor que un inspector de policía le corrija sus resoluciones para que el precocinado quede en su punto perfecto de cocción".

La defensa alude en su escrito, finalmente, a las conclusiones del último oficio presentado por la Policía Nacional sobre la denuncia de Osan D., quien aseguró falsamente haber sido rociado con ácido por parte de dos supuestos sicarios de Cursach. Se trata de un testigo al que, subraya el abogado de Torres, "podríamos calificar como un Daniel Corral [extestigo 29 del caso Cursach] a escala reducida, pero teledirigido por el mismo control remoto, el exfiscal Miguel Ángel Subirán. Es una situación que, si no fuera por la gravedad del asunto, es esperpénticamente cómica".

Tanto el magnate del ocio como otros 23 acusados -entre ellos, numerosos policías locales- se encuentran a las puertas del banquillo, bajo peticiones de condena que suman más de cien años de prisión, por una presunta trama de extorsiones y tratos de favor que, sin embargo, ha sido duramente cuestionada por varios informes policiales que apuntan a las numerosas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach. Mientras la Audiencia Provincial decide cuándo fijar el juicio, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares debe dirimir en las próximas semanas sobre qué hechos deben, por su parte, ser juzgados Penalva, Subirán y los cuatro policías en los que se apoyaron.