Los "maquiavélicos” métodos del presidente de una comunidad de vecinos de Santa Ponça que se apropió de 150.000 euros

Trabajos de mantenimiento promovidos a espaldas de los vecinos, facturas fraccionadas para camuflar costes desorbitados, contratos falsos...Son solo algunas de las actuaciones que, presuntamente, orquestó el expresidente de una comunidad de propietarios de Santa Ponça a quien estos acusan de urdir un entramado con el que llegó a apropiarse de más de 150.000 euros. "El éxito de su actividad delictiva era imparable", aseguran las víctimas.

Tras varios años batallando para destapar las supuestas irregularidades, los afectados están a punto de sentar en el banquillo al inculpado. Como “ideólogo” de la trama, reclaman para él un total de 17 años de cárcel por estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Pero no le dejan solo. Le acompaña en este periplo judicial Samuel S.A., quien, escayolista de profesión, hacía las veces de paisajista, constructor, jardinero y portero de vigilancia, cobrando a precios desmesurados unos trabajos cuyos beneficios luego se repartían entre ambos. Se enfrenta, por su parte, a una petición de siete años de prisión.

En su querella y posterior escrito de acusación, la comunidad de vecinos, representada por el abogado Daniel Rodríguez Rincón, relata de forma pormenorizada las actividades supuestamente ilícitas que, bajo la "corrupta" batuta de Adrian E., llevaron a cabo los dos acusados entre 2014 y finales de 2018. Para entonces, el expresidente de la comunidad ya había generado, de forma paulatina y con el devenir de los años, el necesario clima de absoluta confianza con el resto de propietarios -muchos de ellos extranjeros no residentes-, llegando incluso a disponer de las llaves de sus casas para vigilarlas y cuidarlas.

Presidente de manera ininterrumpida durante 14 años, la familiaridad que emanaba de él propició, incluso, que los demás vecinos acabasen delegándole su voto en las juntas de la comunidad. "El poder que llegó a adquirir fue tal que hacía y deshacía a su antojo, decidiendo de manera unilateral qué trabajos debían hacerse en la comunidad y quién debía llevarlos a cabo sin la preceptiva autorización en junta", narra la querella. Cuando las sospechas comenzaron a planear sobre las "dictatoriales formas" de Adrian E., este ya había desarrollado su actividad "mafiosa" y destronarle se convirtió en prácticamente imposible dada su elevada representación, con la que llegó a acaparar en 2016 el 84,3 por ciento de los votos.

Parapetado tras el nombre comercial de Promociones Venus Balear -sin CIF, número de identificación ni denominación social- y fruto de esa mayoría que ostentaba, el acusado comenzó a girar facturas de espaldas de los demás propietarios, ocultando cualquier tipo de vinculación con los trabajos por él mismo aprobados y autoadjudicados por más del doble de su precio real en el mercado.

Entre ellos, casetas de seguridad el perjuicio de las cuales, demolición incluida, asciende a 44.221 euros, un muro de mampostería cuya construcción, al igual que otros trabajos, no fue discutida en junta y acabó suponiendo un quebranto por valor de 41.656 euros; el levantamiento de otro muro de jardinera sobre uno anterior en perfecto estado ("el colmo de la desfachatez de los maquiavélicos trabajos ordenados por Adrian E."), la sustitución de los baños comunitarios de la zona de la piscina por otros de inferior calidad cuyo material, poco después, comenzó a deshacerse...

El encargado de desempeñar los trabajos era Samuel S., que, según los querellantes, ya había sido expulsado como jardinero de la comunidad por sus conflictos con diversos propietarios. Pese a esta circunstancia, Adrian E. decidió que aquel continuara prestando sus servicios en la finca a través de su misma empresa convencido de que, dado el carácter de viviendas vacacionales de la comunidad, nadie se percataría. A principios de 2018 Samuel S. comenzó, incluso, a ejercer como vigilante nocturno, de nuevo a escondidas, bajo la denominación comercial 'Night Porter' (presuntamente creada ex profeso) y a pesar de no disponer de ninguna titulación en materia de seguridad.

El 'modus operandi' de ambos acusados se redondeaba, para evitar que se descubriese el entramado, con la facturación de los trabajos mediante numerosos y pequeños importes, durante largos plazos de tiempo y en distintos periodos de liquidación, sin la preceptiva autorización de la junta. Así, por ejemplo, la facturación de las dos casetas de seguridad la efectuaron a través de 18 facturas, en 16 meses, para un total de 32.249 euros (el coste real se reducía a la mitad) y, en el caso de la celosía perimetral que también ejecutaron, emitieron trece facturas en 14 meses para un coste de 28.000 -pese a que el real se reducía a unos 12.600-.

"Crimen perfecto"

Según los propietarios, este modo "engañoso" de actuar camuflaba los verdaderos costes de los trabajos y generaban confusión a los vecinos, que "no daban importancia a facturas de importes menores y que no eran capaces de acumular ni clasificar a qué concretos trabajos correspondía cada una de ellas". "Para más inri" -añade la querella- "la única persona que aprobaba los pagos y ordenaba a quién y cuándo se tenía que pagar era Adrian E.", con cuya actuación no dejaba a la entidad administradora de la comunidad margen de actuación alguno. "Al ordenar Adrian E. pagarse a sí mismo, se culmina el crimen perfecto".

El acusado llegó, incluso, a arrendar en febrero de 2015 uno de los inmuebles comunes de la finca por 675 euros al mes durante el periodo de un año prorrogable a tres. No obstante, transcurrido el tiempo los propietarios constataron que el inquilino únicamente había abonado 20.640 de los 31.050 euros que la comunidad debería haber ingresado. Como señala la querella, la diferencia había sido directamente entregada en mano a Adrian E. y nunca fue ingresada en la comunidad. De la cantidad adeudada, 4.050 euros corresponden a los importes que el acusado condonó de forma unilateral al arrendador. Los vecinos desconocen cuántos de los 6.926 euros restantes fueron a parar al bolsillo del acusado y cuántos se acumulan como deuda por parte del inquilino.

Debido a la información "totalmente sesgada" que, recriminan, les llegaba a través de las actas, durante mucho tiempo se vieron imposibilitados a tomar conciencia de la gravedad de los hechos. Según sostienen los propietarios, en las distintas juntas ordinarias el acusado mintió a los comuneros respecto a los costes de los trabajos mediante técnicas de engaño y ocultación. Tras la ardua labor de investigación llevada a cabo por algunos de los vecinos, finalmente lograron celebrar una junta extraordinaria en 2018 en la que Adrian E. acabó siendo relevado.

Los perjudicados, avalados por diversos informes periciales, constataron que los trabajos de mantenimiento que se habían realizado a través supusieron a la comunidad un sobrecoste del 110 por ciento sobre el precio real de los mismos. Reclaman, por tanto, indemnizaciones que se elevan a 152.759 euros: 128.817 por los trabajos de mantenimiento ejecutados de forma presuntamente ilegal, 4.050 por el alquiler de la villa J y 19.892 por el servicio de ‘Night Porter’.