Imputados y testigos ponen en tela de juicio la instrucción del caso Cursach

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) fue este martes escenario de una cascada de revelaciones que ponen duramente en entredicho las investigaciones llevadas a cabo, durante cerca de cuatro años, por el juez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios integrantes del grupo de Blanqueo en torno a una presunta trama de intercambio de favores dirigida a favorecer los intereses del grupo Cursach.

Si el día arrancaba con la confesión como investigada de la conocida como 'la madame', quién se convirtió en uno de los pilares de se valieron los antiguos investigadores del caso para reforzar sus tesis, la maratoniana jornada de declaraciones no fue a menos. Junto a la anterior, una docena de personas desfilaron ante la máxima instancia judicial de las islas para relatar las presiones que habrían recibido por parte de Penalva y Subirán para que declarasen de acuerdo a sus indicaciones e incriminasen a quienes ambos juristas les ponían sobre el papel, fuesen empresarios, políticos o policías locales.

Entre los interrogatorios más esperados de ayer se encontraba el de Bartolomé Sbert, mano derecha del empresario de la noche Bartolomé Cursach. Durante su comparecencia detalló las coacciones a las que se vio sometido en los calabozos tras su detención en la macrocausa abierta contra ellos así como su miedo a salir de prisión ante el posible daño que pudieran infligirle. Sbert permaneció cerca de un año en prisión tras ser incriminado en este procedimiento judicial.

Entre los hechos que el testigo narró ante el magistrado Carlos Gómez, la Fiscalía, las defensas y la treintena de acusaciones particulares personadas en la causa centrada en las supuestas prácticas ilegales desplegadas por los antiguos investigadores del caso Cursach para obtener falsas acusaciones, Sbert aludió a las presiones que ejercieron sobre él en dependencias policiales y cómo le impedían ir al baño durante su arresto. Una detención que, manifestó, prolongaron al límite legal establecido.

Otro de los episodios a los que apuntó hace referencia a las presiones que recibió para incriminar al expresidente del PP de Palma José María Rodríguez. Sobre este aspecto, recordó que le apercibieron de que "se comería" cinco meses de cárcel si no involucraba al exdirigente 'popular'.

Durante su comparecencia, el empresario recordó, asimismo, el temor que le apresó a salir de la cárcel cuando el juez Manuel Penalva acordó su puesta en libertad previo pago de una fianza de 500.000 euros. En un escrito emitido entonces por el despacho de abogados que le representa, el Bufete Coca y Asociados, los letrados aseveraban que la prisión era "el lugar más seguro para su persona" ante posibles amenazas.

Asimismo, señaló que llegó incluso a aconsejar a su familia que abandonara Mallorca y que instalaran cámaras en su vivienda por si alguien colocaba droga en el jardín.

El arresto de Sbert se produjo en el marco de la matriz del caso Cursach, iniciada en 2014 y cuya apertura dio pie a un centenar de imputaciones y al ingreso en prisión de unos cuarenta investigados. Sin embargo, seis años después, el pasado mes de julio, el juez Enrique Morell -uno de los magistrados que cogió el testigo de la causa tras la recusación de Penalva por falta de imparcialidad- archivó esas pesquisas para los 101 encausados en ella.

El procedimiento judicial llegó a permanecer tres años bajo secreto de sumario y a acumular más de cien tomos y 45.000 folios y encarnó un macroproceso posteriormente desgajado en una quincena de líneas de investigación, varias de las cuales han acabado finalmente archivadas.

El sobreseimiento, sin embargo, fue ‘simbólico’ a efectos penales dado que buena parte de los encausados continúan imputados en dos de las piezas en que se dividió la causa y que, a pesar del archivo del grueso de las investigaciones de las que estas dimanaron, se encuentran pendientes de enjuiciamiento.

Otro de los testigos que compareció ante el TSJIB es el exjefe de camareros de Tito's Arturo Segade. Durante su declaración, Segade negó que policías locales de Palma acudieran a la sala VIP de la discoteca para disfrutar de servicios sexuales y drogas a cambio de beneficiar a Cursach. Sobre todo, explicó, porque el lugar en el que supuestamente se celebraron esas fiestas era un espacio abierto cuyo interior podía ser visto sin problemas desde fuera.

El declarante fue detenido el 15 de marzo de 2017 junto al director de Tito's, Jaime Lladó, y otro extrabajador del local a raíz de las acusaciones vertidas por otro de los testigos clave del caso Cursach, Daniel Corral -extestigo protegido 29-, incriminaciones sobre las que se sustentó buena parte de la causa y que la Policía Nacional ha acabado desmontando. Los agentes llegan incluso a considerar a este testigo como el “más peligroso” de cuantos integraban la presunta trama encabezada por Penalva y Subirán.

Mientras tanto, otra testigo citada este martes relató cómo, durante una de las declaraciones que prestó ante juez y exfiscal, éste le presionó con dureza para que reconociera que en la discoteca se llevaban a cabo esas fiestas privadas para policías. Según manifestó, acudió a su segunda comparecencia ante Penalva y Subirán con una grabadora guardada en el bolso, por recomendación de su abogada, tras el trato que había recibido en su primer interrogatorio. En esa segunda declaración, subrayó que Subirán lanzó contra ella continuas advertencias: entre otras, que lograrían su deportación o que acabaría encausada sino se plegaba a sus tesis.

También compareció ayer Adrián V., un montador de cocinas a quien Corral involucró en el caso Cursach por supuestas amenazas. Según la Policía Nacional, después de que Adrián iniciase una relación con una joven, Corral entró en una "espiral de celos y acoso" hacia él. Fruto de las acusaciones del que fuese testigo 29, el trabajador fue cuatro veces detenido y enviado a prisión en dos de estas ocasiones. En su declaración, Adrián narró los episodios de hostigamiento en los que se vio envuelto y las trabas que se encontró en dependencias judiciales tras su imputación en la causa, entre ellas, el hecho de que le obligasen a cambiar de abogada y designar a una de oficio.

Para ser inquirido sobre estos hechos, el propio Corral está citado a declarar este miércoles en el Tribunal Superior. Se contempla como el plato fuerte de una jornada en la que continuarán los interrogatorios dirigidos a esclarecer los pormenores que rodearon al caso Cursach y cuya instrucción han puesto en entredicho hasta siete informes policiales.