El juez exonera a varios agentes por el amaño en las oposiciones de la Policía Local

El juez instructor de la causa por el presunto amaño de las oposiciones a oficial de la Policía Local de Palma -génesis de lo que posteriormente se convertiría en el caso Cursach-, Enrique Morell, ha archivado las pesquisas para varios de los agentes investigados debido a que se encontraban encausados por los mismos hechos en dos procedimientos judiciales distintos.

Con esta decisión, el magistrado quiere evitar la conculcación del conocido como principio 'non bis in idem' después de que el pasado mes de diciembre dejase a estos policías a las puertas del banquillo tanto en el marco de esta causa como en la pieza principal del caso Cursach, a pesar de recaer sobre ellos las mismas acusaciones en ambos procedimientos.

Se trata de una decisión que generó una amplia indignación y una oleada de recursos por parte de numerosas defensas -e incluso de una de las acusaciones- no sólo por el hecho de que sus patrocinados se enfrentarían a dos juicios por las mismas imputaciones, sino por considerarla anómala y precipitada -apenas unos días antes Morell había asumido las pesquisas-.

Más de cinco meses después, el instructor ha admitido los recursos interpuestos por varios de los acusados, entre quienes se encuentran el agente Feliciano Franco y el exjefe de la Patrulla Verde Gabriel Torres, a quienes ha excluido del caso relativo a la presunta filtración de exámenes en la Policía Local.

SUSPENSIÓN DEL CASO MIENTRAS INVESTIGAN A PENALVA Y SUBIRÁN

El magistrado no se pronuncia, sin embargo, sobre la principal petición que varias de las defensas le plantearon: la suspensión de la causa hasta que no se dirima la de que, de forma paralela, investiga las graves irregularidades que los antiguos investigadores de este procedimiento y del caso Cursach presuntamente cometieron a la hora de instruir estas pesquisas.

Y es que tanto el juez Manuel Penalva como el fiscal Miguel Ángel Subirán -ambos apartados de las anteriores investigaciones por falta de imparcialidad- y varios agentes de Blanqueo se encuentran bajo el foco de la justicia a raíz de las prácticas supuestamente ilegales que llevaron a cabo para reforzar sus tesis. Unas actuaciones cuyo esclarecimiento se halla en manos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y que, además, han sido duramente cuestionadas por varios informes policiales.

Al respecto, en uno de los recursos presentados por las defensas, el abogado de Gabriel Torres aseveraba que "la colección de delitos que suman no es pequeña: revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, coacciones, denuncia falsa, organización criminal, inducción al falso testimonio, prevaricación, detención ilegal…".

Por ello, consideraba "imperativa" la paralización del caso de las oposiciones hasta que no se resuelvan las investigaciones contra Penalva y Subirán.

IMPRECISIÓN EN LAS ACUSACIONES

Del mismo modo, el letrado de Torres, Daniel Rodríguez, recriminaba que el auto que abría la vía para juzgar a su patrocinado no indicaba los delitos que supuestamente cometió, de tal forma que, alegaba, "no sabe ni de qué se le acusa concretamente ni de qué tiene que defenderse". En esta línea, criticaba así que se le vete "la posibilidad de rebatir tales afirmaciones o de solicitar diligencias que las contradigan".

Precisamente, el mismo letrado recusó a finales de año a Morell, entre otro motivos, por procesar a los 36 investigados a través de un auto dictado “tan sólo 24 horas después de asumir la causa” y compuesto por “un cóctel de resoluciones” dictadas por Penalva con anterioridad.

Según la defensa del exresponsable de la Patrulla Verde, la resolución de Morell contiene “pasajes calcados punto por punto y coma por coma” de hasta siete autos de Penalva. Una circunstancia que, teniendo en cuenta el “reducido margen de tiempo” con el que contó el juez para dictar su auto, llevaba al abogado a preguntarse: “¿será la autoría de la resolución obra exclusiva del anterior instructor don Manuel Penalva o solamente parcial?”.

En concreto, la causa de las oposiciones se encuentra en estos momentos pendiente de que las acusaciones, de no solicitar el archivo del caso, se pronuncie sobre quiénes deben ir a juicio y bajo qué peticiones de condena.