El juez envía al banquillo a dos exmandos policiales de Calvià y Marratxí por presuntas extorsiones

El juez ha reducido definitivamente la causa matriz del caso Cursach a las extorsiones presuntamente cometidas por seis mandos policiales y empresarios de Calvià. La matriz, iniciada en 2014, dio pie a un centenar de imputaciones y al ingreso en prisión de unos cuarenta investigados, entre ellos el del empresario Bartolomé Cursach, de su exnúmero dos Bartolomé Sbert y de al menos una veintena de policías locales a quienes, tras su arresto, el Ayuntamiento de Palma expedientó y suspendió de empleo y sueldo durante varios años.

La causa, que llegó a permanecer tres años bajo secreto de sumario y a acumular más de cien tomos y 45.000 folios, encarnó un macroproceso judicial posteriormente desgajado en una quincena de líneas de investigación, varias de las cuales han acabado finalmente archivadas.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha dictado un auto en el que sobresee el caso matriz para un total de 101 investigados, una decisión 'simbólica' a efectos penales dado que buena parte de ellos continúan encausados en dos de los flecos en que se dividió la causa y que, a pesar del sobreseimiento del grueso de las investigaciones de las que estos dimanaron, se encuentran pendientes de enjuiciamiento.

Se trata, en concreto, del relativo a un presunto amaño de las oposiciones a oficial de la Policía Local (con 36 investigados a las puertas del banquillo) y de la pieza en la que se encuentran acusados Cursach, Sbert y otras 22 personas por una supuesta trama de extorsiones y tratos de favor.

Dos líneas de investigación que continúan su curso a pesar de que su instrucción ha sido duramente cuestionada por varios informes policiales que apuntan a las numerosas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach, fruto de las cuales se encuentran bajo el foco de la justicia el juez Manuel Penalva -quien en junio de 2015 asumió la causa, hasta entonces instruida por Carmen González- y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

En lo que a efectos administrativos se refiere, los expedientes abiertos en su día por el Ayuntamiento de Palma contra más de una veintena de mandos y agentes policiales como consecuencia de su detención en la causa matriz podrían quedar invalidados, según han señalado a Crónica Balear fuentes de la investigación.

Además de todos ellos, figuran en la lista de 'exonerados' varios políticos como la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell, el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y el exdiputado y exconcejal Álvaro Gijón. Estos dos últimos ya habían visto archivadas las pesquisas que pesaban sobre ellos ellos en el marco del conocido como caso ORA.

A través del mismo auto, el juez Enrique Morell, sin embargo, ha abierto juicio oral contra el exjefe de la Policía Local de Calvià José Antonio Navarro y el de Marratxí, Antonio Ledesma, así como contra otros cuatro investigados por, presuntamente, extorsionar a determinados empresarios del ocio de la zona. Navarro se convirtió en uno de los primeros detenidos en las diligencias posteriormente reconvertidas en el caso Cursach -fue arrestado y encarcelado de forma preventiva en 2014-, sin que, seis años después, los hechos hayan sido aún enjuiciados.

Desde el momento de su arresto, el exresponsable policial ha rechazado tajante las acusaciones que pesan sobre él. No en vano, la Audiencia Provincial de Palma decretó su puesta en libertad sin fianza al estimar el recurso que su abogado, Jaime Campaner, interpuso contra el auto de prisión. Tras ello, nadie le ha incriminado de forma directa durante la instrucción de las pesquisas y, según su defensa, su imputación se ha cimentado “en rumores y conjeturas“.

Sin embargo, el juez Morell, en el auto con el que puso fin a las investigaciones y procesó a los seis imputados, relataba diversos episodios en base a los cuales, a su juicio, la relación policía-empresario se adentró "en un terreno pantanoso” al haberse producido “una simbiosis de los intereses de ambas partes”. Una situación que, consideraba, se tradujo “inevitablemente" en las supuestas prebendas que recibieron unos así como en los presuntos "preavisos, acoso a la competencia y demás variantes de trato de favor" de los que se habrían beneficiado otros.

Morell señalaba, además, que se habrían creado "claras conexiones directas entre intereses económicos y empresariales (no sometimiento a inspecciones, inspecciones viciadas, falseadas e injustificadas o preavisos de su realización) en perjuicio de las exigencias de la Ley, de la lucha contra la corrupción, la libertad de mercado y de la igualdad de los ciudadanos".

Uno de los acontecimientos a los que el magistrado aludía tuvo lugar durante la noche del 30 al 31 de agosto de 2013: una dotación de la Policía Local de Calvià compuesta, entre otros, por dos de los investigados -y, supuestamente, “teniendo constancia de ello” Navarro-, entraron en un local de Magaluf y, “tras quitar la música, encender las luces y separar a trabajadores por un lado y a clientes por otro, dieron una batida con el perro detector de sustancias estupefacientes y drogas hasta localizar cocaína“.

El juez señalaba, sin embargo, que la droga habría sido previamente colocada por los efectivos policiales en la parte baja de un sofá sin que de la sustancia se hiciera mención alguna en la diligencia que documentó la actuación policial.