El Poder Judicial, dividido, aprobará un duro informe contra la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta este jueves un pleno de alto voltaje que culminará con la aprobación de un duro informe contra la ley de amnistía, auspiciado por el sector conservador, que tilda la norma de "inconstitucional", y que apunta a partir el órgano en dos.

Porque el órgano de gobierno de los jueces tiene sobre la mesa dos informes que son contradictorios entre sí: uno del vocal conservador Wenceslao Olea, que dice que la norma es inconstitucional; y otro de la progresista Mar Cabrejas, que sí ve que encaje en la carta magna.

Fuentes jurídicas apuntan que "no hay posibilidad de acercamiento ni de consensuar un texto" entre todos los vocales, algo que resulta "absolutamente imposible" porque las partes no son susceptibles de hacer rebaja alguna en sus planteamientos.

Consideran "inviable" refundir los dos textos porque "las posiciones son fuertes" y ninguna parte está dispuesta a renunciar a sus postulados, máxime cuando ambos informes son contrapuestos.

Para alcanzar un acuerdo entre todos, ambas propuestas deberían perder su esencia y su coherencia, es decir, renunciar a sus argumentos principales y eso no va a pasar, advierten.

Así las cosas, los dos ponentes expondrán las líneas principales de sus propuestas y tras ello se abrirá un turno de intervenciones, que se prevé largo dada la trascendencia de la norma, en el que se debatirán también las consideraciones que ha planteado el vocal Enrique Lucas a sendos informes.

Ya después, se votarán los textos y, si se cumplen las previsiones, se aprobará el texto de Olea con los votos de la mayoría conservadora, que será el que se remita al Senado, que es la cámara que así lo ha reclamado.

La propuesta de Olea advierte de la inconstitucionalidad de la norma al defender que "ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho".

Critica su "deficiente técnica jurídica" y su "arbitraria" tramitación parlamentaria, considera que no hay interés general y que la ley "socava el derecho a la igualdad" entre los ciudadanos al tiempo que entiende que "el texto vulnera la separación de poderes" porque "no resulta admisible que el Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales", salvo en los indultos.

Olea aboga por dejar fuera de la amnistía todos los delitos de terrorismo y advierte de que dejar sin efecto una orden europea de detención puede ser contrario al derecho de la UE.

Por su parte, Cabrejas sostiene que "el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico", ya que "no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar" esta medida. En su opinión, "una ley de amnistía es excepcional, retroactiva y temporal, pero ello no le priva de la cualidad de ley".

Ahora bien, su informe también es crítico con la ley cuando dice que "contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas" y pide concretar el espacio temporal de la misma.