El juez envía a juicio por corrupción a Laura Borràs

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la causa por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), lo que abre la puerta a una posible suspensión como parlamentaria dado que el reglamento de la Cámara lo prevé en casos de apertura de juicio firme por delitos relacionados con la corrupción.

En un auto de este martes ya notificado a las partes, el tribunal ha dictado la apertura de juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental para Borràs, su amigo Isaías H. --que supuestamente se favoreció de los contratos-- y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.

A la misma hora que se ha conocido este paso judicial, está reunida la Mesa del Parlament, órgano que puede abordar esta posible suspensión como diputada, que está prevista en el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara y a la que todos los partidos excepto Junts, la formación que preside Borràs, se han mostrado favorables.

En varias ocasiones, Borràs ha defendido su inocencia y que nunca ha cometido ningún delito, ni de corrupción ni de ningún otro tipo, y ha rechazado dimitir al frente de la Presidencia del Parlament, además de apelar a su presunción de inocencia para que no le aplique el artículo 25.4.

Una vez dictada esta apertura de juicio oral, una decisión que no se puede recurrir, los abogados de los acusados tienen 10 días para presentar sus escritos de defensa y después el tribunal fijará la fecha para el juicio, lo que previsiblemente ocurrirá a partir de septiembre porque el mes de agosto no es hábil en los tribunales.

HASTA 6 AÑOS DE CÁRCEL

En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, además de multarla con 144.000 euros, por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.

Para Isaías H. también reclama 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 72.000 euros, y para Andreu P. la Fiscalía ha pedido una pena de tres años de prisión, 10 de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 30.000 euros.

Esta causa la juzgará la Sala Civil y Penal del TSJC porque Borràs, como presidenta del Parlament, es aforada a este tribunal, aunque ella pidió que la juzgara un jurado y el tribunal lo descartó.

"RAZONABILIDAD" DE LAS ACUSACIONES

El magistrado Carlos Ramos, que ha instruido el caso, ve "razonabilidad y consistencia" en las acusaciones de la Fiscalía a partir de los indicios recabados en la investigación, y recuerda que la acusación hasta ahora se basa en indicios que no comprometen la presunción de inocencia de los acusados, que se valorará en el juicio.

La acusación de la Fiscalía parte de que Borràs, como directora de la ILC, era la responsable de las contrataciones y supuestamente ella e Isaías H. se pusieron de acuerdo para adjudicarle varios encargos relacionados con la web de la institución, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos" estos trabajos que hacía de manera recurrente y por los que en total cobró 335.700,29 euros.

Para dar "una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia", la Fiscalía afirma que pactaron que para cada contrato aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores.

Dos de estos tres presupuestos no eran ofertas reales sino que presuntamente los hacían Isaías H., Andreu P. y Borràs para simular que se adjudicaban al mejor licitador, pero en realidad el adjudicatario de todos era Isaías H.

Las fiscales señalan en su escrito de acusación que, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, Borràs, "con abuso de sus funciones como directora de la ILC", propuso, aprobó y adjudicó 18 contratos menores sin justificar que fueran la mejor oferta porque sabía que detrás de todos los presupuestos estaba Isaías H.

SIN ACUSACIÓN DE MALVERSACIÓN

Cuando el TSJC cerró la investigación de la causa, procesó a los acusados por un presunto delito de malversación y fraude --además de prevaricación, y falsedad documental--.

Sin embargo, cuando la Fiscalía presentó su escrito de acusación, dejó fuera la presunta malversación y el fraude: para el juez, "esta diferencia técnica es irrelevante" para la apertura de juicio, porque sí se mantienen los otros dos delitos y los hechos que se atribuyen a los acusados.

Otra diferencia entre la investigación del juez y la acusación de las fiscales atañe al funcionario de la ILC Roger E., que estuvo investigado por presuntamente facilitar los trámites al fraccionar contratos pero finalmente ha quedado fuera del escrito de acusación de la Fiscalía.

SEGUNDO PROCESAMIENTO

La apertura de juicio dictada este martes llega después de que en junio Borràs fuera procesada por segunda vez en esta causa: el instructor ya la había procesado en marzo pero su defensa recurrió la decisión alegando que se había vulnerado su derecho de defensa.

El tribunal estimó el recurso, retomó la instrucción y, tras haber hecho nuevos interrogatorios, la dio por terminada otra vez y continuó los trámites hasta la apertura de juicio.