La Eurocámara pide explicaciones al Gobierno por la reforma del Consejo General del Poder Judicial

El grupo de trabajo sobre Estado de derecho de la comisión de Justicia e Interior del Parlamento europeo enviará "en las próximas semanas" una carta al Gobierno español para pedir información adicional sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tres de las principales asociaciones de jueces en España denunciaron ante Bruselas por ver en ella una amenaza para la independencia judicial.

La queja de las asociaciones que representan a cerca de 2.500 magistrados en España llegó a la Eurocámara por iniciativa de los representantes del Partido Popular Europeo en este grupo de trabajo, quienes --a instancias del eurodiputado del PP Javier Zarzalejos--, pidieron analizar si en efecto está en riesgo el Estado de derecho en España por las recientes reformas.

Tras un análisis detallado de la denuncia remitida por los jueces a la Comisión Europea, los 14 eurodiputados que forman el grupo de trabajo han concluido que debe darse el paso de contactar con las autoridades españolas para recibir más detalles del caso.

Una vez analizada la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a la información requerida, los eurodiputados deberán decidir sobre los pasos a seguir, esto es si la respuesta es suficiente o si el asunto debe llegar a la comisión parlamentaria para continuar el análisis.

El grupo de trabajo para la supervisión de la democracia, el Estado de derecho y Derechos Fundamentales funciona bajo el paraguas de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, por lo que de prosperar la iniciativa de observar la situación en España la cuestión podría llegar al debate y pronunciamiento de dicha comisión.

Tras este paso, el eurodiputado Zarzalejos ha considerado "pertinente" que la Eurocámara dé este primer paso para una "evaluación en profundidad" de la situación en España, porque "sigue existiendo el riesgo de intentos de socavar la independencia judicial" por parte del Gobierno pese a las "advertencias" de la Comisión Europea.

Tras un contacto reciente entre la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Bruselas trasladó que no ve problemas en la reciente reforma para limitar las funciones del CGPJ siempre que esté limitado en el tiempo y se proceda de manera "urgente" a la renovación de los vocales bloqueada desde hace tiempo.

El Ejecutivo comunitario también aplaudió la confirmación por parte del Gobierno de que se retiraría definitivamente la propuesta de reforma de PSOE y Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, ya que este plan sí planteaba problemas a Bruselas y podría haber acabado en el Tribunal de Justicia de la UE, según el comisario de Justicia, Didier Reynders.

CARTA A LA COMISIÓN EUROPEA

La alerta de los magistrados españoles tiene la forma de una carta enviada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) a la vicepresidenta y al comisario responsables de Justicia en la Comisión Europea, Vera Jourova y Didier Reynders, respectivamente.

La misiva denuncia lo que los jueces consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en España por una serie de reformas que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.

Así, critican "el apagón y desapoderamiento" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones-- y su "colonización por los partidos políticos", que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), "y con ello su independencia e imparcialidad".

Ante esta situación, las tres asociaciones de jueces plantean al Ejecutivo comunitario que sopese activar el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para actuar ante amenazas graves del Estado de derecho, un mecanismo que abre la puerta a como la suspensión del derecho a voto en el Consejo europeo para los países que pongan en peligro los derechos fundamentales.