Belarra anuncia que registrarán una ley para perseguir a empresas como Desokupa

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que mañana jueves registrarán en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para perseguir penalmente "a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables”, en referencia a empresas como Desokupa.

Belarra ha hecho este anuncio en un mitin celebrado en Alicante, en el que también ha intervenido, entre otros, el candidato de la formación a la presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca.

Fuentes de Podemos ha señalado que impulsarán una reforma del Código Penal para perseguir a Desokupa y penar con hasta 4 años de cárcel a sus miembros.

Una reforma del Código Penal para perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad. Esta reforma legal crearía un nuevo tipo que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa e impondría penas de hasta cuatro años de prisión a sus miembros, según fuentes de esta formación política.

En palabras de Belarra, “las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial, y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia”.

La propuesta de Podemos, que se registrará mañana jueves en el Congreso en forma de proposición de ley, subraya la necesidad de una nueva redacción que eleve el reproche penal para los que hacen negocio contra personas en situación de vulnerabilidad, y que conjugue elementos del delito de coacciones y del delito de odio.

En concreto, se modificarían los artículos 510, 510 bis y 515 del CP, para penar con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a "quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines”.

Además, se establecería la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet.

Así, las sociedades con ánimo de lucro que “fomenten, promuevan o inciten" al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social pasarían a considerarse asociaciones ilícitas, por lo que podrían ser perseguidas e imponerse a sus integrantes las correspondientes penas.