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Podría ser la historia de muchos jóvenes en Baleares. Tienes veintitantos o treinta y pocos, encadenas contratos temporales o compartes piso con tres desconocidos, y la idea de independizarse parece un mal chiste.
El mercado actual nos está empujando a un desfiladero social insostenible. O te quedas en casa de tus padres hasta los cuarenta o caes en las garras de especuladores sin escrúpulos que te cobran 800 € por un zulo: una habitación con derecho a baño, pero congelado en la soledad de no poder usar la cocina o el salón.
Vivimos en un mundo que solo mira el beneficio de unos pocos a costa de la mayoría que tiene poco o nada. ¿Y las leyes? Nos dicen que la regulación del alquiler no funciona. Pero seamos claros: no funciona porque no se aplica. ¿De qué sirve crear leyes si el Estado no las hace cumplir con sanciones duras, recortes en subvenciones o asfixia financiera a los infractores?
Por si fuera poco, ahora el Govern balear del PP, dirigido por Vox, nos vende su gran solución: viviendas a “precios asequibles”. Un precio seguro de salida próximo o superior a 300.000 € y que se quedarán como si fuese un regalo. Señores del Govern, bajen a la realidad de la calle. Mientras perdonan fortunas a los más ricos, en los pueblos de nuestras islas existen edificios inacabados o en estado de abandono que son propiedad del “banco malo” (Sareb) o de propietarios que se desentienden por completo.
Con los 1.100 millones de euros ahorrados (y regalados) en el impuesto de patrimonio en Baleares, se podría haber comprado toda esa vivienda, rehabilitarla y ponerla a disposición de la gente en régimen de venta o alquiler con derecho a compra.
Pero prefieren ignorar esa alternativa porque, para que una pareja joven compre un piso de 300.000 €, necesita tener ahorrados entre 60.000 € y 70.000 € solo para pagar el impuesto de transmisiones, el notario y la gestoría. Súmale otros 15.000 € o 20.000 €, tirando por lo bajo, para muebles y electrodomésticos cotidianos. ¿Qué joven de las islas tiene ese dinero en el banco? Es una burla para cualquiera que intente construir un nido familiar.
Otros lo tenemos muy claro: la vivienda no es un negocio ni un bien de lujo, es un derecho recogido en nuestra Constitución. No podemos permitir que se ignoren las leyes creadas en democracia para proteger a la ciudadanía. Quienes vivimos, residimos, generamos riqueza y aportamos nuestro esfuerzo en estas islas merecemos una vida digna.
¡Es hora de defender nuestro derecho a tener un hogar sin dejarnos la vida en ello!
Por Javier Mora Sureda

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