Jéssica, la expareja de Ábalos, guarda silencio ante el juez sobre su 'enchufe' en empresas públicas

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que la investiga en relación a su 'enchufe' en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que no prestó "ninguna actividad laboral", según el Tribunal Supremo.

Rodríguez, que había pedido que se suspendiese su declaración hasta que se resolviese su recurso contra la citación, ha rechazado prestar declaración en calidad de investigada por presunto tráfico de influencias y malversación, según informan fuentes jurídicas.

La misma decisión que han adoptado los otros dos investigados citados este lunes: Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García; e Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif.

García, según las fuentes consultadas, sí ha tomado brevemente la palabra y, tras preguntar por qué se le investigaba, ha manifestado que no tuvo nada que ver con la contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco ya que no la conocía, y ha indicado que se acogía a su derecho a no declarar.

El magistrado Ismael Moreno, que investiga la parte del caso Koldo que permanece en la Audiencia Nacional, decidió imputar a los tres a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro Ábalos a 24 años de prisión y a su ex asesor a 19 años y ocho meses.

Una sentencia que destacó el "decisivo impulso" de responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, en la contratación de Jéssica Rodríguez en Ineco.

Ábalos y Koldo García fueron condenados por mordidas en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, pero también por la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que estuvo contratada entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, respectivamente, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno.

La sentencia afirma que no solo no desempeñó ningún trabajo, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria". Percibió, según la sentencia, 34.450 euros de Ineco, y 9.500 euros de Tragsatec.