Llevan al Govern a los tribunales para tumbar las trabas a los taxis y VTC en Baleares
La CNMC ha impugnado judicialmente seis medidas clave del nuevo decreto autonómico
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 17 de Julio de 2026 | 11:21h

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado al Govern balear ante los tribunales para tumbar varios artículos de su nuevo decreto para taxis y VTC (como Uber o Cabify). El organismo estatal ha tomado esta medida drástica por la vía contencioso-administrativa tras intentar, sin éxito, que el Ejecutivo balear rectificara de forma amistosa. Previamente, Competencia había enviado un requerimiento formal exigiendo la retirada de estas trabas, pero el Govern rechazó la propuesta, abriendo así el litigio judicial.
Desde la CNMC aclaran que no pretenden anular la totalidad del Decreto 6/2026 (LA/02/2026), sino corregir seis exigencias muy concretas que considera desproporcionadas, innecesarias y discriminatorias. El organismo regulador sostiene que estas normas reducen drásticamente la oferta de transporte en las Islas, encarecen de forma artificial los precios y acaban perjudicando directamente al ciudadano al limitar la libre competencia.
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Una de las medidas más polémicas que la Competencia quiere anular es la prohibición de contratar servicios por plaza con pago individual en los VTC. Para el organismo, impedir este modelo de coche compartido veta una opción que abarataría notablemente las tarifas para los usuarios, además de restar una herramienta clave para aliviar los atascos y la contaminación en el archipiélago.
En la misma línea de impacto directo al bolsillo del usuario, el recurso de la CNMC impugna los límites impuestos al aumento de precios en momentos de alta demanda. Aunque a priori pueda parecer una medida de protección al consumidor, el regulador advierte de que topar las tarifas dinámicas en momentos de máxima afluencia desincentiva a los conductores a salir a la calle, lo que termina provocando una alarmante falta de vehículos disponibles y tiempos de espera mucho más largos para los viajeros.
El recurso también carga contra la obligación de publicar las tarifas de los VTC en una página web. Competencia califica esta exigencia de traba burocrática inútil, ya que el usuario ya conoce el precio cerrado de su trayecto a través de la aplicación móvil antes de subirse al coche. De hecho, recuerda que el Tribunal Supremo ya anuló una norma idéntica en la Región de Murcia por vulnerar la libertad de empresa.
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Por otra parte, se impugna la norma que exige que cualquier nuevo vehículo de taxi o VTC tenga una antigüedad máxima de menos de dos años desde su matriculación para obtener la autorización. Esta medida limita de forma extrema la entrada de nuevos conductores al mercado sin que, a juicio del regulador, suponga una garantía o mejora real en la calidad del servicio que recibe el ciudadano.
La CNMC también considera injustificado el requisito de que los vehículos de taxi y VTC tengan una longitud mínima de 4,35 metros. Esta imposición impide la incorporación de coches limpios más pequeños, a pesar de que el decreto permite que los vehículos de energías alternativas tengan un tamaño menor. Competencia defiende que estos vehículos más compactos no solo son más eficientes, sino que ocupan menos espacio público y agilizan el tráfico urbano sin mermar la comodidad del pasajero.
Finalmente, el recurso judicial ataca el límite que impide a un mismo titular solicitar más de tres licencias de VTC por convocatoria municipal. Este tope frena la entrada de operadores y la creación de flotas medianas que, gracias a las economías de escala, podrían optimizar sus costes y ofrecer tarifas finales bastante más baratas y competitivas a los usuarios de Baleares.









