El Gobierno tacha de "barbaridad sin pruebas" la condena del hermano de Pedro Sánchez

El Gobierno considera una barbaridad y una injusticia que la Audiencia de Badajoz haya condenado a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, porque creen que es evidente que es inocente y que se ha tomado esa decisión contra él sin prueba alguna.

Tras la decisión de la Audiencia de Badajoz, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha confiado en que instancias superiores judiciales constaten esa inocencia, y en ello han incidido fuentes del Ejecutivo ante el recurso que dan por seguro que se presentará a esa sentencia.

Una inocencia de la que están convencidos igualmente en el caso del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, que ha sido condenado en la misma sentencia a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez.

En ambos casos recalca el Gobierno que esperaban la absolución porque en el transcurso del juicio se desmontaron todas y cada una de las acusaciones contra ellos y no hubo prueba alguna de que cometieran un delito.

Las fuentes citadas lamentan que la sentencia contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz sentara un precedente muy peligroso para la democracia, ya que la estrategia de las organizaciones ultraderechistas, apoyadas por el PP y Vox, acaban con sentencias injustas como la conocida este martes.

Aunque se trata de una decisión que creen injusta, aseguran que siguen confiando en la justicia y por ello esperan que instancias superiores judiciales a la Audiencia de Badajoz constaten la inocencia de Sánchez y de Gallardo.

Tienen el convencimiento de ello porque reiteran que la sentencia no se sostiene y se condena a un inocente solo para provocar titulares periodísticos.

En la misma línea, interpretan que se trata de una causa política cuyo único objetivo es perseguir a la familia de Pedro Sánchez, como ocurre también en el caso contra su esposa, Begoña Gómez, que ha sido instruido por el juez Juan Carlos Peinado.

Ese tipo de decisiones es el que cree el Gobierno que está llevando a los ciudadanos a creer, como señalan algunas encuestas, que se está judicializando la política.

Pero lo que garantiza el Gobierno es que no van a hacer caer al Ejecutivo, en contra de la petición de dimisión de Sánchez que ha vuelto a plantear el PP tras la sentencia contra su hermano.