Denuncian que Palma obligará a los vecinos a pagar el mantenimiento de pasajes y porches

El PSOE Palma ha denunciado que la nueva Ordenanza municipal de urbanización, arbolado y espacios libres, aprobada hoy por la Gerencia de Urbanismo con el voto en contra de los socialistas, rebaja la obligatoriedad de proteger el arbolado y carga sobre los vecinos el mantenimiento de los espacios privados de uso público.

El grupo socialista ha anunciado que presentará enmiendas a una normativa que considera totalmente contraria al modelo que defienden, el cual exige que sea el Ayuntamiento el que asuma estos espacios en lugar de trasladar los problemas a la ciudadanía. Según ha advertido el concejal Pepe Martínez, la norma, lejos de resolver la situación, añade nuevos dolores de cabeza a los residentes, especialmente en las barriadas más sensibles.

Hasta la fecha, el Plan General exigía mantener el 70% de la cobertura arbórea original a la hora de ejecutar una obra. Con la nueva ordenanza, esta obligación se sustituye por la directriz de preservar el mayor número de ejemplares posible, eliminando únicamente los que sean estrictamente necesarios. Para el PSOE, este cambio normativo implica que la edificabilidad primará por encima de los árboles al suprimirse la obligatoriedad de mantener un porcentaje mínimo de verde, lo que, en palabras de Martínez, supone aprobar una ordenanza que se carga los árboles al eliminar sus protecciones y reducir la cantidad que se debe plantar.

Otro de los puntos más críticos de la regulación afecta a los espacios privados de uso público, como pasajes, porches o plazas, muy comunes en barriadas con edificios antiguos como Camp Redó o Verge de Lluc.

La ordenanza obliga a los propietarios de estas zonas a encargarse de la limpieza, la reparación de los pavimentos, la accesibilidad, la apertura al público y la instalación de iluminación nocturna. En caso de incumplimiento, las comunidades de vecinos serán sancionadas bajo la amenaza de una ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, que les repercutirá todos los costes de gestión. Los socialistas lamentan que el uso de estos espacios sea público, pero el coste sea estrictamente privado, ya que el documento no ofrece ninguna contrapartida, bonificación fiscal, convenio de conservación ni ayudas. Martínez ha criticado duramente que Cort obligue a los vecinos a afrontar derramas de decenas de miles de euros para adecuar a la normativa trozos de aceras y parques que constan en sus viejas escrituras, bajo la amenaza de multas si no lo hacen.

Finalmente, el PSOE Palma ha alertado sobre la drástica reducción de las sanciones para los grandes operadores de servicios. Con la nueva regulación, las grandes compañías eléctricas o de telecomunicaciones solo tendrán que pagar un máximo de 3.000 euros si incumplen los plazos para el soterramiento de las redes aéreas, la urbanización del suelo o la creación de nuevas zonas verdes.

Martínez ha denunciado que este importe supone una rebaja muy considerable respecto a la Ley de Urbanismo, la cual prevé multas de entre el 150 y el 300 por ciento del coste que habría supuesto hacer la obra, abriendo así la puerta a que las grandes multinacionales decidan ignorar la normativa pagando una cantidad irrisoria en lugar de los centenares de miles de euros que les corresponderían por ley.