Reclaman que los delitos de pederastia no prescriban: "Es una ley de segunda oportunidad para los violadores"
La causa penal de Toni Estela se ha sobreseído pese a contar con vídeos de la confesión del agresor y el aval de la Fiscalía
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 09 de Julio de 2026 | 14:00h
Un proceso judicial abierto hace dos años tras la denuncia de Antonio Estela Frau contra un monitor que abusó sistemáticamente de él y lo sometió a explotación sexual durante cinco años en el Centro de Protección de la Fundación Nazaret —entidad presidida por el Obispo de Mallorca— ha concluido en sobreseimiento por haber prescrito el delito. La resolución se ha dictado a pesar de que el presunto agresor confesó los hechos en grabaciones de video aportadas como prueba y de que la Fiscalía había dado por cierta la denuncia, solicitando a la jueza instructora la apertura de juicio oral.
A raíz de este caso, los ciudadanos José J. Méndez González, Fco. Fernández Ochoa, Serafín Carballo y Margarita Mógica han emitido un comunicado en el que reclaman la apertura de un debate social, mediático y político para implantar la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia en España, argumentando que la actual legislación deja en indefensión a las víctimas.
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El documento subraya que las víctimas de abusos sexuales en la infancia presentan particularidades que dificultan la denuncia temprana. Investigaciones en la materia concluyen que el momento en que las víctimas suelen denunciar judicialmente coincide con la finalización de sus responsabilidades parentales, habitualmente a partir de los 55 años, tras haber vivido el trauma con culpa y vergüenza.
Los firmantes sostienen que la actual Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que amplió el inicio del plazo de prescripción hasta que la víctima cumpla 35 años, resulta insuficiente para responder a la realidad de la mayoría de los afectados. En el plano internacional, el comunicado señala que países como el Reino Unido, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, Ecuador y al menos 37 estados de los Estados Unidos contemplan la imprescriptibilidad absoluta para los delitos de pedofilia.
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El comunicado califica el marco legal vigente en España como desfavorable para los afectados por este tipo de delitos: "La prescripción del delito [...] es una solución para los agresores pedófilos y para todos aquellos que han cometido delitos de abusos sexuales contra la infancia; es 'una ley de segunda oportunidad para los violadores, pero de ninguna oportunidad para las víctimas', que son condenadas al olvido, al ostracismo y a vivir de modo vergonzante este trauma."
Asimismo, respecto a las motivaciones del denunciante, exponen: "Estela manifestó que su deseo máximo era sentar a este monitor en el banquillo y poder decirle a la cara personalmente si todos estos abusos hacia él y otros niños habían sido ciertos, mirarle fijamente a los ojos y ver si era capaz de negarlo".
Finalmente, los autores del documento vinculan la necesidad de reforma legal con la persistencia del daño psicológico: "Garantizar la dignidad y la justicia para las víctimas de abusos de pederastia no es solo una obligación legal y moral, sino también un paso esencial hacia una sociedad más justa, respetuosa y solidaria, que reconozca que el dolor para este tipo de víctimas no prescribe".
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El texto concluye reconociendo la determinación de Antonio Estela Frau, quien grabó a su agresor a las puertas de su domicilio y mantuvo la denuncia a pesar de los obstáculos iniciales, que incluyeron la negativa de la Policía Nacional a tramitar una primera denuncia en 2016, intentos de disuasión por parte del Obispado y hostilidad en medios locales. Los firmantes apelan al apoyo de todos los sectores sociales para impulsar un cambio legislativo basado en los principios de dignidad, justicia y reparación sin límites temporales.
