Proponen en Baleares multar con hasta 300.000 euros a los promotores de manuales contra el turismo

La firma internacional MD Law Group ha registrado en el Parlament una ley para sancionar con hasta 300.000 euros a los promotores del manual de acción contra la turistificación.

La firma, que ha impulsado una denuncia penal, argumenta la necesidad de proteger el interés general, la paz social y la reputación de Baleares como destino seguro.

Justifica la normal ante la proliferación de campañas organizadas que difunden manuales de instrucciones para el sabotaje, vandalismo y hostigamiento contra establecimientos turísticos e inmobiliarias, afectando a la economía y al empleo.

La propuesta penaliza como muy grave la creación, edición, difusión, promoción o financiación --física o digital-- de guías, manuales o campañas que inciten explícitamente al sabotaje, hostigamiento, vandalismo o bloqueo de accesos contra establecimientos turísticos, viviendas vacacionales y oficinas inmobiliarias.

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Las sanciones, según el detalle de la norma, irían de los 60.000 a los 300.000 euros. Para fijar la cuantía se medirá el grado de difusión en redes sociales, el daño reputacional y la época del año, aplicando el máximo en temporada alta.

El impulsor de la norma explica que si el colectivo no tiene personalidad jurídica, la multa irá directa al patrimonio de los promotores o administradores de las cuentas digitales.

Apunta igualmente a los portavoces o "altavoces mediáticos" que públicamente justifiquen, defiendan o promocionen en los medios o actos públicos estos manuales de acción directa, que responderán de forma solidaria con su propio patrimonio personal.

ACCIÓN PENAL

De manera paralela a la vía legislativa, el grupo ha presentado en un juzgado de Palma una denuncia penal y acusa a los promotores de pertenencia a grupo criminal, coacciones agravadas, provocación a los desórdenes públicos e inducción a los daños. La denuncia va dirigida contra Menys turisme més vida y la organización juvenil Arran.

Además, exigen la intervención inmediata de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para perseguir las tácticas de contravigilancia, uso de disfraz y ocultación de rostro que estas plataformas promueven en el manual.

"Baleares es una sociedad democráticamente avanzada, cívica y plural. El derecho a la manifestación, a la réplica ideológica y a la protesta está plenamente garantizado, pero es intolerable que en pleno siglo XXI se utilicen tácticas coercitivas típicas de la 'kale borroka' callejera para amedrentar a empresarios, inmobiliarias y familias que operan de forma lícita", han afirmado desde el despacho.

La firma ha rechazado igualmente los argumentos de la plataforma en relación a la emergencia habitacional y que la crisis de acceso a la vivienda sea consecuencia directa de la actividad turística.

A su juicio, la crisis habitacional deriva de la "extrema inseguridad jurídica y el auge descontrolado de la inquiokupación", fenómenos que, desde su punto de vista, retraen de forma masiva el stock de vivienda del mercado de alquiler tradicional por el miedo natural de los pequeños propietarios. Fue esta la firma que recientemente impulsó en el Parlament una iniciativa legislativa contra la llamada inquiokupación.