El GOB y Terraferida llaman a movilizarse el 26 de julio por una Mallorca “al límite”

El GOB y Terraferida han invitado a la ciudadanía a movilizarse el próximo 26 de julio en una manifestación que han reivindicado que sea "pacífica" y "a cara descubierta", por una Mallorca que han considerado que está "en peligro".

Las entidades ecologistas se han desmarcado de este modo del manual difundido por Menys turisme, més vida y han pedido a la gente que se sume a la protesta para "dejar de lado" otras formas de acción, que "no comparten" y "no son su estilo".

En un comunicado, estas dos organizaciones adheridas a la manifestación que tendrá el lema 'Mallorca al límite' han llamado a protestar por la "grave situación ambiental y social" que vive la isla "ahogada por la presión turística y urbanística actual", con "repercusiones" en la calidad de vida y derechos básicos como la vivienda.

Por eso, han reclamado que es la hora de que el conjunto de la sociedad "levante la voz" y haga propuestas pero, sobre todo, han considerado que es "necesaria" la acción del Govern.

Así, han detallado que en los últimos 70 años se ha urbanizado cerca de una hectárea de territorio al día, un ritmo que continúa "implacable" empujado por una economía de demanda "infinita que no contempla ningún límite".

Los ecologistas han alegado que el incremento de plazas residenciales y turísticas ha aumentado y ya se superan los dos millones.

"Los planes urbanísticos vigentes, unidos a la nueva batería legislativa aprobada por el Govern que rebaja todavía más las protecciones territoriales y ambientales sobre el 80% del territorio, pone en riesgo a todas las personas, la biodiversidad y ecosistemas que sustentan la vida", han resaltado.

Motivo por el que han destacado que es "urgente" recortar la capacidad de crecimiento turístico y urbanístico antes de entrar en una situación "todavía más crítica".

"La falta de agua, la generación de residuos sin freno, el exceso de consumo de energía y agua, las emisiones contaminantes y de CO2 o saturación ¿Cuál de estos problemas puede arreglarse si el crecimiento continúa disparado?", se han planteado.

Por estos motivos, han reclamado una revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio para "garantizar" la preservación paisajística y preservar los suelos agrarios y forestales, junto con una revisión de los Planes Territoriales, para desclasificar suelos urbanos y urbanizables, prohibir definitivamente la construcción de chalés en suelo rústico y recuperar las propuestas de corredores verdes.

Por otra parte, han sugerido una moratoria de plazas turísticas y la prohibición del alquiler turístico, al aplicar la medida de dos plazas de baja por cada nueva plaza turística y la prohibición y el incremento de la vigilancia sobre el alquiler turístico ilegal.

Además, han solicitado un nuevo catálogo de Espacios Naturales para declarar Áreas Naturales de Especial Interés ( ANEI ) los paisajes valiosos excluidos de la ley de espacios naturales que ahora son Suelo Rústico Común.

También han planteado la paralización de la ejecución de las obras previstas en el actual plan de carreteras y la redacción de un plan integral de movilidad.

En el mercado inmobiliario, han sugerido la congelación de las subidas de los alquileres, al declarar Mallorca como zona tensionada y dedicar una partida anual extraordinaria para destinar a vivienda protegida y ayuda al alquiler.

Al mismo tiempo, han exigido un plan de rehabilitación de viviendas en los pueblos y barrios de Mallorca, con el objetivo de recuperar para la gente las 105.000 viviendas vacías que hay según el INE. Otro de los puntos sería la prohibición de compra de viviendas a no residentes por promover el mercado especulativo internacional.

Las organizaciones ecologistas han pedido parar el crecimiento del consumo de agua y de energía, ya que en el caso del agua hay que "respetar el límite de este recurso" y no autorizar nuevos desarrollos urbanísticos, junto con una planificación energética que "limite el incremento del consumo".

Por otro lado, han reivindicado que se detenga la importación de residuos de Eivissa y cerrar los hornos de la incineradora "obsoletos", para sustituir la quema por la recogida selectiva.

"Los impulsores de esta manifestación estamos convencidos que hay una mayoría social amplísima que apoya medidas para frenar la masificación y el modelo urbanístico depredador. Esta manifestación es una respuesta legítima de la sociedad ante la amenaza de la destrucción del territorio, la pérdida de calidad de vida y la amenaza a los derechos más básicos, por lo que se apela a los valores democráticos de la sociedad mallorquina, que tantas veces ha demostrado", han rematado.