Baleares acorrala el alquiler turístico ilegal con multas de hasta 5.000 euros diarios y desalojos exprés

El Govern balear ha anunciado este lunes, durante la segunda reunión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, un nuevo paquete de medidas destinado a erradicar las actividades ilegales en sectores económicos estratégicos de las islas. Las actuaciones más destacadas se centran en la ofensiva contra el alquiler turístico irregular, que incluirá multas coercitivas diarias para los infractores reincidentes, el auxilio policial inmediato frente a la ocupación en alojamientos reglados y un mayor protagonismo de las policías locales en las inspecciones.

En el ámbito del intrusismo turístico, el Govern ha dotado a los consells insulars de tres nuevas herramientas operativas y legales. La primera consiste en la aplicación de multas coercitivas diarias, que oscilarán entre los 500 y los 5.000 euros, dirigidas a los propietarios que continúen comercializando plazas turísticas ilegales tras ser requeridos por la inspección. En caso de reiteración, los expedientes se trasladarán directamente a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia, evitando así que los infractores sigan lucrándose durante la tramitación burocrática del proceso sancionador.

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La segunda medida supone el blindaje de los alojamientos turísticos legales frente a la ocupación y el uso residencial encubierto. Mediante una modificación de la Ley de turismo, los establecimientos reglados podrán solicitar el auxilio inmediato de las fuerzas y cuerpos de seguridad para ejecutar un desalojo exprés cuando se produzcan ocupaciones ilegales o se desvirtúe la actividad autorizada, reforzando la seguridad jurídica del sector.

En tercer lugar, se ha presentado un nuevo protocolo operativo para las policías locales de Ibiza, diseñado por el Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares (ISPIB) junto al Consell de Eivissa y la Conselleria de Presidencia. Fruto del Decreto ley de contención turística, este marco de actuación permite que las intervenciones policiales motivadas por quejas vecinales deriven automáticamente en la apertura de expedientes de inspección turística.

Estas nuevas disposiciones se suman a las medidas ya impulsadas durante la presente legislatura, tales como la prohibición de nuevas plazas en edificios plurifamiliares, el aumento de las multas hasta los 500.000 euros para casos muy graves, la exigencia de corresponsabilidad a las plataformas digitales y los incentivos para derivar viviendas del mercado turístico ilegal al alquiler residencial.

Vigilancia marítima: más de 470.000 euros en propuestas de sanción

Por su parte, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha detallado el refuerzo del control en el litoral a través de Ports de les Illes Balears (Ports IB). El dispositivo cuenta actualmente con 22 embarcaciones operativas: diez dedicadas a la vigilancia costera y doce adscritas a la gestión portuaria.

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La intensificación de las inspecciones contra el alquiler irregular de barcos dejó en 2025 un balance de 162 expedientes incoados, con propuestas de sanción que superaron los 471.600 euros. En lo que va de año, la administración ya ha iniciado 39 nuevos expedientes y mantiene otros 70 pendientes de incoación. Paralelamente, se ha logrado la retirada de anuncios irregulares de alojamiento y alquiler náutico tras los requerimientos enviados a distintas plataformas de internet.

Transporte terrestre y comercio local

En materia de transporte, la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha expuesto la estrategia basada en tres ejes: el normativo (con leyes ya en vigor), la coordinación institucional y la mejora formativa a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP). En esta línea, esta misma semana se celebrará la primera reunión del grupo de trabajo específico sobre transporte terrestre con las diferentes administraciones competentes.

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Finalmente, en el sector comercial, el Ejecutivo ha formalizado un canal permanente de comunicación con las patronales AFEDECO, PIMECO y la Confederación Balear de Comercio. El objetivo es monitorizar la evolución de la venta ambulante ilegal y el fenómeno de la "venta a la manta" para ejecutar acciones conjuntas que protejan al comercio de proximidad frente a la competencia desleal.

Esta segunda sesión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo consolida este órgano como el principal foro de coordinación entre el Govern, los consells insulars, los ayuntamientos y los sectores productivos para realizar el seguimiento de los grupos de trabajo y articular la ofensiva institucional contra la actividad clandestina en el archipiélago.