Denuncian a Emaya por tener un "jefe invisible" que cobra 85.000 euros

La Unión Sindical de Trabajadores de Empresa (USTE) ha anunciado que trasladará a la vía penal un dossier por presunta malversación y prevaricación en la empresa pública EMAYA tras expirar el plazo legal de tres meses sin obtener respuesta del Ayuntamiento de Palma. El sindicato denuncia que el consistorio ha vulnerado la Ley estatal 2/2023 anticorrupción al mantener en el anonimato y bajo "silencio administrativo" un expediente registrado el pasado 4 de marzo de 2026, el cual afecta a un jefe de departamento que percibe más de 85.000 euros anuales sin figurar en el organigrama oficial de la entidad.

La denuncia penal se dirige contra la cúpula de la empresa municipal y el equipo de gobierno del Partido Popular por no concluir las investigaciones requeridas por ley en el canal ético interno, superando con creces el límite máximo e improrrogable de tres meses fijado por la normativa nacional para resolver denuncias sobre infracciones del erario público.

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El origen del conflicto radica en la situación laboral y salarial de Vicente Vilches Campos, jefe de departamento en EMAYA y secretario general del sindicato SITEMAYA. Según la documentación aportada por el secretario general de USTE, Francisco José Castillo Navarro, Vilches Campos percibe ingresos superiores a los 85.000 euros anuales gracias a un complemento retributivo de alta dirección denominado 'Staff B'. USTE califica al afectado de "jefe invisible" basándose en los siguientes datos técnicos recopilados en el expediente:

• Su nombre y jefatura han sido omitidos del organigrama oficial público de transparencia de EMAYA.
• El propio Consejo de Administración de la empresa pública le despojó formalmente de todas sus atribuciones ejecutivas el 19 de diciembre de 2025.
• Según el sindicato denunciante, el empleado sigue cobrando dicha cuantía a pesar de no realizar funciones directivas, carecer de personal subordinado a su cargo y no disponer de la titulación requerida para el puesto.

Incumplimiento de la Ley 2/2023

El sindicato argumenta que el mutismo mantenido por EMAYA desde el 4 de marzo infringe de forma directa la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley obliga a las administraciones y empresas públicas a resolver de manera estricta cualquier investigación en un intervalo no superior a los 90 días.

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Al haberse agotado dicha vía de control interno sin ninguna aclaración por parte del Ayuntamiento de Palma, el sindicato considera que los mecanismos de control han sido utilizados para evitar la fiscalización pública, motivo por el cual ha decidido formalizar la denuncia por el uso indebido de caudales públicos ante la jurisdicción penal.