Investigan al alcalde de Sóller por trato de favor a un exedil del PP

Un juzgado de Palma ha abierto diligencias contra el alcalde de Sóller, Miquel Nadal (PP), y otros regidores y exregidores por, supuestamente, proporcionar un trato de favor a un exedil de su partido y propietario de dos establecimientos en el Port de Sóller.

La querella ha sido presentada por una empresa local que explota un establecimiento de restauración en el barrio de Santa Catalina del Port de Sóller y se dirige contra el primer edil, el primer teniente de alcalde, Carlos Darder; el exconcejal de Urbanismo y Actividades, Juan Antonio Lorente; y Joan Ruiz Mesquida, exconcejal del PP de Sóller y propietario de los establecimientos Can Joan y Vint.

En la querella los responsables municipales habrían dispensado durante años un trato de favor continuado a Ruiz Mesquida mediante resoluciones administrativas, omisiones e interpretaciones jurídicas arbitrarias dirigidas a beneficiar sus intereses empresariales. El principal núcleo de la denuncia se centra en la licencia de actividad del restaurante Can Joan. Los querellantes afirman que el Ayuntamiento aplicó criterios radicalmente distintos ante situaciones idénticas de hecho y de derecho.

En concreto, recuerdan que los establecimientos Ham y Coupage, ubicados también en el barrio de Santa Catalina, a escasos metros de Can Joan, fueron clausurados o privados de licencia por encontrarse en vía pública, al considerar el propio Ayuntamiento que el planeamiento urbanístico prohibía expresamente dicho uso. Sin embargo, cuando en 2024 se solicitó la revisión de oficio de la licencia de Can Joan por exactamente los mismos motivos urbanísticos, el Ayuntamiento inadmitió la petición.

La querella califica la justificación ofrecida para rechazar dicha revisión como jurídicamente aberrante y sostiene que se construyó expresamente para evitar las consecuencias legales que sí se aplicaron a los otros establecimientos.

A juicio de los denunciantes, esta diferencia de trato constituye el indicio más relevante de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias que se atribuyen a los querellados.

Además, la querella recoge otros hechos que, según los denunciantes, formarían parte de un mismo patrón de actuación, en relación con supuestas irregularidades en expedientes sancionadores relacionados con la ocupación de vía pública, falta de ejecución de resoluciones administrativas que afectaban a negocios de Ruiz Mesquida, concesión de autorizaciones presuntamente contrarias a la ordenanza municipal y modificaciones normativas que habrían resultado especialmente beneficiosas para sus establecimientos.