Cae una mafia que operaba en Mallorca con miles de víctimas europeas

Nueve personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional de Palma como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Algunos de ellos también están acusados de falsedad documental. 

Culmina así 'Operación Náutica', una investigación dirigida durante dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Baleares que ha destapado una compleja estructura delictiva asentada en Barcelona y Baleares, responsable de defraudar a miles de ciudadanos europeos y cuyo valor en bienes incautados ronda los dos millones de euros. Al iniciarse las actuaciones judiciales, los investigadores ya habían procedido al embargo de más de cien cuentas bancarias cuyos saldos conjuntos superaban el medio millón de euros.

La fase operativa se concentró en una villa de lujo ubicada en Sitges (Barcelona), lugar de residencia del líder de la organización y su pareja, donde se encontraban reunidos con otros miembros clave de la trama. Hasta allí se desplazaron los investigadores de Palma, quienes contaron con el apoyo de un amplio dispositivo de la Jefatura Superior de Barcelona. El asalto al inmueble fue ejecutado por la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que los Guías Caninos y el Grupo Técnico lograron localizar e incautar importantes cantidades de dinero en efectivo y más de tres bitcoins.

De forma simultánea, agentes de la UDEF de Barcelona y los policías de Palma detuvieron en la Ciudad Condal al resto de los integrantes de la red, entre los que se encontraban el asesor fiscal de la trama y un lugarteniente.

En los registros practicados se intervino un patrimonio de lujo que reflejaba el alto nivel de vida de los sospechosos: dos vehículos deportivos de marcas italianas, otros cuatro coches de alta gama, dos motos acuáticas, unos 200.000 euros en criptoactivos, más de 100.000 euros y 1.300 dólares en efectivo, seis lingotes de oro y una colección de 18 relojes de lujo, además de múltiples joyas y artículos de prestigio. Asimismo, como pruebas del delito, se intervinieron 11 terminales de punto de venta (TPV) y más de 100 tarjetas bancarias de diferentes países a nombre de testaferros y colaboradores.

El origen: una empresa pantalla de alquiler de barcos en Mallorca

La investigación penal se inició en Baleares tras recibir dos comunicaciones de las fiscalías de Alemania. Estas alertaban sobre una serie de estafas en la compraventa de objetos —desde teléfonos móviles hasta una excavadora— donde el dinero de los perjudicados terminaba transferido a una sociedad supuestamente radicada en Mallorca y dedicada al sector del alquiler de embarcaciones.

La organización utilizaba este método para simular que los fondos correspondían a pagos efectuados por turistas alemanes. Al ser Mallorca un destino habitual para millones de ciudadanos de esta nacionalidad, el volumen de transacciones comunes permitía eludir los controles automáticos antiblanqueo. Sin embargo, el Grupo de Blanqueo comprobó que se trataba de una empresa "pantalla" sin actividad real, carente de oficinas, empleados o barcos, y cuyo administrador inscrito era un ciudadano en situación de indigencia.

A partir de este hallazgo, los agentes tiraron del hilo hasta identificar un entramado societario compuesto por 16 empresas y 54 personas implicadas, asentadas fundamentalmente en la provincia de Barcelona. Para simular que las corporaciones operaban bajo el marco legal, varios de los detenidos se encargaban de falsificar documentación mercantil.

Las pesquisas policiales determinaron que la organización diversificaba sus métodos de estafa a nivel internacional. Por un lado, crearon 26 páginas web falsas que simulaban ser tiendas online de confianza, mediante las cuales estafaron a más de 3.500 ciudadanos alemanes. Por otro lado, empleaban técnicas de suplantación de identidad haciéndose pasar por los departamentos de seguridad de entidades bancarias, logrando engañar a empresarios para acceder a sus cuentas ordinarias; a través de esta modalidad llegaron a transferir 100.000 euros de un único ciudadano belga en una sola operación.

Con el objetivo de eludir la acción de la justicia en España, la organización seleccionaba de forma estricta a víctimas residentes en terceros países, mientras que situaba los entramados de simulación económica y los bienes de lujo en territorio nacional. Ante la ramificación internacional del caso, los investigadores solicitaron el soporte de Europol y de la Policía belga para el esclarecimiento de los fraudes.

Estructura de blanqueo y asesoría especializada

Una vez obtenidos los fondos ilícitos, la cúpula de la organización requería canales de introducción en el circuito financiero legal de España. Para ello, y con la ayuda indispensable de asesores legales y mercantiles que facilitaban la evasión de las alertas bancarias, desarrollaron la red de 16 empresas de diversos sectores.

El blanqueo del capital se ejecutaba mediante tres vías principales: el uso de las TPV intervenidas para simular cobros con tarjetas a nombre de terceras personas, la transferencia de fondos bajo la justificación de servicios inexistentes y la realización de ingresos en efectivo justificados con actividades ficticias. El dinero se desviaba de manera sucesiva entre las cuentas de las distintas mercantiles del entramado hasta terminar, en gran parte, invertido en activos criptográficos o destinado a sufragar los gastos de lujo de los principales investigados.