La izquierda reclama declarar Palma en situación de emergencia habitacional

PSOE, Més y Unidas Podemos han registrado en el Ayuntamiento de Palma una moción conjunta para declarar la ciudad en situación de emergencia habitacional y exigir que ningún desalojo que afecte a personas vulnerables se lleve a cabo sin garantizar previamente una alternativa residencial adecuada.

Las tres formaciones han denunciado la política de desalojos impulsada por los gobiernos del PP y Vox y han puesto como ejemplo el reciente desalojo de la antigua prisión de Palma, que consideran especialmente grave por haberse ejecutado sin una solución habitacional estable para las personas afectadas.

La iniciativa reclama que todas las actuaciones relacionadas con desalojos vayan acompañadas de una intervención social previa y de una coordinación efectiva entre las administraciones para garantizar alternativas residenciales dignas a las personas afectadas.

Asimismo, la moción insta al equipo de gobierno municipal a presentar en el plazo de un mes un informe detallado sobre la situación de las personas desalojadas de la antigua cárcel y sobre las medidas sociales y residenciales adoptadas para atenderlas.

PSOE Palma, Més y Unidas Podemos consideran que el caso de la antigua prisión no es un hecho aislado y lo vinculan a situaciones registradas en otros asentamientos y espacios residenciales precarios de la ciudad, como Son Bordoy.

A su juicio, estos episodios reflejan una dinámica de expulsión de personas vulnerables sin abordar las causas sociales y económicas que han provocado su situación.

Las tres formaciones también alertan de las dificultades de acceso a la vivienda que, según indican, han obligado a muchas personas a residir en caravanas, autocaravanas o espacios precarios, una realidad que, afirman, requiere respuestas sociales e institucionales en lugar de medidas sancionadoras.

La moción incluye además la reprobación del alcalde de Palma, Jaime Martínez, por la gestión del desalojo de la antigua prisión y por unas declaraciones públicas que, según los grupos proponentes, evidencian una falta de empatía ante la situación de exclusión residencial que viven muchas personas.