El Parlament rechaza la prioridad nacional de Vox

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha rechazado este jueves una iniciativa de Vox para reclamar la llamada prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como en el acceso a la vivienda.

Lo ha hecho en el debate de una Proposición no de ley (PNL), defendida por Manuela Cañadas, y en la que el PP se ha abstenido en los dos primeros puntos, relativos al principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas y prestaciones, y para establecer un sistema de vivienda protegida, inspirado en la prioridad nacional, con requisito mínimo de diez años de empadronamiento para compra y cinco para alquiler.

En los otros dos puntos, que pedían la derogación o modificación de normas que impidan precisamente este principio, solo el grupo proponente ha votado a favor.

"Un gobierno que no protege primero a los suyos no es un gobierno, es una gestoría de la injusticia", ha afirmado Cañadas, que ha defendido que los ciudadanos de Baleares tienen derecho a que el fruto de sus impuestos "les sea devuelto en primer lugar a ellos".

"Mientras haya un solo joven balear sin casa o un solo anciano desatendido, nuestra obligación irrenunciable es priorizar a los nuestros", ha añadido.

Cañadas ha rechazado las enmiendas del PP, que ha considerado "vacías" al eliminar la prioridad nacional, los requisitos concretos de arraigo, la contribución previa al sistema, la exclusión de quienes están en situación ilegal y la exclusión de quienes han ocupado ilegalmente una vivienda.

"Cambian compromisos firmes por expresiones genéricas como 'tener en cuenta criterios' o 'estudiar modificaciones'. Fórmulas vacías que solo sirven para dejar las cosas como están", ha sentenciado.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN ENTORNOS DIGITALES

Por otra parte, la Comisión ha aprobado una iniciativa socialista relativa a la protección de la infancia en los entornos digitales y para impulsar una gobernanza digital democrática mediante la limitación del uso de redes sociales a menores de 16 años.

La iniciativa, que ha defendido el diputado Omar Lamín, valora positivamente la iniciativa del Gobierno de España de limitar el uso de las redes sociales por parte de menores de 16 años.

La PNL pide igualmente a las administraciones que impulsen programas educativos, formativos y de sensibilización dirigidos a la ciudadanía, especialmente a niños, jóvenes, familias y comunidades educativas, con el objetivo de fomentar un uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías digitales y prevenir situaciones de riesgo social y emocional.

La iniciativa anima también a crear los llamados 'Sandboxes Digitales Educativos', como entornos de formación y experimentación segura para menores de edad, desarrollados con la colaboración de la comunidad educativa, con el objetivo de educar en el uso responsable de las redes sociales y la gestión del rastro digital antes del acceso a entornos comerciales.