Stop Maltrato Institucional acusa al IMAS de usar la tutela de menores como “herramienta de castigo”

El colectivo Stop Maltrato Institucional ha manifestado su “apoyo absoluto” a Indira Cayupán, madre de dos niñas de 7 y 14 años que permanecen bajo la tutela del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Según un comunicado difundido por la organización, la madre se enfrentará judicialmente a la institución el próximo 3 de junio a las 11.00 horas en el juzgado de Primera Instancia Plaza 12 de Palma.

El colectivo defiende que la situación responde a una “perversa instrumentalización de las herramientas que deberían destinarse a la protección de menores” y califica su caso como una “persecución administrativa y violencia vicaria institucional”.

De acuerdo con el escrito, a Indira Cayupán y sus hijas se les concedió apoyo habitacional en un centro de acogida del IMAS a principios de 2024. Desde entonces, asegura el colectivo, habrían sido víctimas, junto a otras familias monomarentales, de “restricciones en servicios básicos, alimentación precaria, de mala calidad y con exceso de azúcar, entre otros abusos institucionales”.

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Afirman que la madre presentó reclamaciones administrativas directas y participó como testigo en procedimientos impulsados por otras madres. “En total, Indira participó en doce procedimientos administrativos”, recoge el texto. Según la entidad, fue tras estas actuaciones cuando, en enero de 2025, “la institución denunciada utilizó la tutela de las menores como herramienta de castigo y control contra la madre”.

El colectivo sostiene, además, que esta situación “coincide con un patrón estructural característico de la institución”, por el cual, según denuncia, “la institución premia a quien acosa y castiga a quien denuncia, silenciando a profesionales y familias mediante represalias”.

En cuanto al procedimiento judicial previsto para el 3 de junio, la organización señala diversas presuntas irregularidades que, a su juicio, deberán esclarecerse en sede judicial. Entre ellas, asegura que “se intentó expulsar a la madre y a sus hijas del recurso habitacional de emergencia sin la autorización judicial previa que exige la ley para proteger a menores”.

Asimismo, el comunicado asegura que se denegó el empadronamiento a la familia, una circunstancia que, según la organización, limitó “de facto el acceso de las niñas a la tarjeta sanitaria y la escolarización”, situación que posteriormente “el IMAS utilizó para justificar el desamparo”.

También sostiene que el IMAS declaró administrativamente el desamparo alegando “supuestos problemas de salud mental de la madre sin aportar ningún examen psiquiátrico que avalara dicha afirmación”.

La organización denuncia además que “desde febrero de 2026, el IMAS ha cancelado totalmente las visitas”, pese a que, según asegura, “los registros oficiales muestran que las niñas reclaman constantemente volver con su madre”.

Con este escrito, buscan hacer un llamamiento a madres en situación de vulnerabilidad que, según sostiene, estén sufriendo “mala praxis por parte de los recursos de emergencia habitacional o del servicio de protección de menores del IMAS”. Basándose en el aforismo latino virtus in actione consistit (“la virtud consiste en la acción”), anima a “dar el paso, organizarse y denunciar su situación”, afirmando que “no estáis solas frente a la violencia institucional y vicaria”.

La entidad fundamenta además sus demandas en normativa nacional e internacional de protección a la infancia. En este sentido, cita las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2009, donde se establece que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de los niños”.

Asimismo, apela a los epígrafes 155 y 156 de dicha resolución, relativos a la prevención de la separación familiar. Según recoge el texto, las autoridades “deben poner el máximo empeño en prevenir la separación de los niños de sus padres” salvo que sea estrictamente necesario por su interés superior, y la administración pública tiene la obligación de garantizar servicios básicos a los hogares y limitar el acogimiento residencial “solo a situaciones donde sea absolutamente necesario”.

El comunicado también incluye referencias a datos publicados por El País , según los cuales entre 2019 y 2025 más de 1.100 menores tutelados por administraciones autonómicas denunciaron abusos sexuales, “muchos de ellos vinculados a entornos institucionales o de protección”. Además, cita informaciones atribuidas a la delegada de El Debate en Baleares, según las cuales los centros de acogida de menores del archipiélago estarían “actualmente en un 1000 % de su capacidad”.

Igualmente, el colectivo menciona un justificante de contratación de la Junta de Extremadura que, según indica, establece una cuantía de 3.469,53 euros netos mensuales por menor tutelado para los centros de acogida. A continuación, denuncia que “después de retenerles el DNI, es habitual que los menores sean incitados por acción u omisión a fugarse del centro”, afirmando además que dichos centros “no asumen ningún tipo de responsabilidad por estas fugas”.

Por otro lado, el comunicado recuerda que la institución fue denunciada en mayo de 2022 por la Asociación Justicia Poética “por abandono de sus funciones en la tutela de menores”. Según el texto, la denuncia fue inicialmente inadmitida y posteriormente acumulada a otra querella impulsada por un partido político, hasta quedar archivada el 30 de mayo de 2025 por el juzgado de Instrucción número 11 de Palma.

Finalmente, Stop Maltrato Institucional señala que el pasado 25 de abril Antonio Estela, al que identifica como “superviviente de abusos sexuales cometidos en el seno de la organización denunciada”, solicitó acciones reparadoras para las víctimas por parte de la institución, una reivindicación que, asegura, “sigue desatendida”.