Proponen usar la ecotasa para financiar impagos de alquiler y actuar contra los “inquiokupas” en Baleares

Un despacho de asesoramiento jurídico ha registrado ante el Parlament balear una propuesta legislativa con el objetivo de acelerar los desalojos por impago del alquiler en Baleares.

La iniciativa, que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament para su traslado a los grupos políticos, ha sido presentada por el gabinete jurídico MD Law Group. Propone modificar el tratamiento de los casos de vulnerabilidad asociados a procedimientos de desahucio y plantea financiar parte del sistema con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), popularmente conocido como ecotasa.

Según confirma la notificación oficial de la Mesa del Parlament, la propuesta ha sido registrada formalmente bajo el número RGE 8221/26. La firma defiende que el denominado Plan MD es “plenamente ejecutable dentro del marco competencial actual” y que no implica modificar el procedimiento judicial, sino actuar sobre el presupuesto administrativo que activa o no la suspensión de los desahucios. El texto sostiene que la actual Ley estatal de Vivienda ha generado un “blindaje burocrático” que, en su opinión, prolonga durante meses o años algunos procesos de desahucio por impago.

Prohens: "Hay miles de viviendas vacías por las leyes que protegen a los delincuentes"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes que en Baleares hay "miles" de viviendas vacías...

El denominado “Plan MD” plantea un procedimiento dividido en seis pasos. El primero se activaría cuando el propietario acreditase impagos en el alquiler y solicitase acogerse al sistema. A partir de ahí, el Govern abriría un periodo de mediación obligatoria de 48 horas durante el que se ofrecería al inquilino un plan de pagos fraccionados "ajustado a su renta disponible" para intentar solucionar la situación con el fin de mantener el contrato de alquiler.

Si el arrendatario rechazase la propuesta o no respondiese, se activaría un Fondo de Garantía de Alquiler (FGA), financiado mediante la ecotasa, que abonaría directamente al propietario las rentas adeudadas durante un periodo de hasta seis meses.

La iniciativa plantea, de este modo, que la Administración se haga cargo temporalmente de la deuda para evitar que el pequeño propietario tenga que soportar el impago durante la tramitación judicial.

Uno de los puntos más llamativos de la propuesta es que la deuda dejaría de tener carácter privado y pasaría a ser gestionada por la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB), que asumiría el cobro de las cantidades adelantadas por el Fondo de Garantía de Alquiler y tendría que reclamar el dinero mediante mecanismos de ejecución administrativa, incluyendo posibles embargos. El despacho sostiene que esta subrogación se apoya en figuras ya existentes en el ordenamiento jurídico y que la deuda pasaría a convertirse en un crédito de carácter público tras el abono al propietario.

La iniciativa también prevé que el IBAVI ofrezca al inquilino una alternativa habitacional en un plazo de 72 horas.

Govern espera que no haya un "tsunami de precios" tras la caída de la prórroga de alquileres

El Govern ha deseado que no se produzca un "tsunami de precios" tras la caída del decreto que prorrogaba los...

Según sostiene MD Law Group, si la Administración ofrece una alternativa habitacional y el inquilino la rechaza o no responde, el Govern emitiría un certificado oficial acreditando esa negativa. Ese documento permitiría, según el despacho, entender que la vulnerabilidad ha quedado “atendida” y serviría como base para solicitar al juez una medida cautelar de lanzamiento inmediato. 

La firma insiste en que el plan no interviene en el procedimiento judicial, sino que actúa sobre el presupuesto administrativo que justifica la suspensión por vulnerabilidad, al considerar que deja de existir una situación de “desamparo” si la Administración ha ofrecido una solución habitacional.

“Con este plan, el dueño cobra de inmediato, el moroso responde ante Hacienda y el juez puede desalojar en días porque la Administración ya ha cumplido ofreciendo un techo alternativo. Quien lo rechaza, lo hace por voluntad propia, no por desamparo”, añaden.