El PP negocia con Vox la "prioridad nacional" en Palma

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma está estudiando una proposición sobre la 'prioridad nacional' que Vox llevará al pleno de este jueves.

El portavoz 'popular', Llorenç Bauzá, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que han presentado una enmienda transaccional con la que modificar el texto, que podría ser aprobado. "Para nosotros, la 'prioridad nacional' es echar a Pedro Sánchez del Gobierno. Esa es la prioridad del PP y del PP de Palma, las instituciones funcionarían mucho mejor", ha subrayado.

El regidor ha señalado que están estudiando una transacción con la que podrían llegar a aprobar esta proposición. "Hay ciertas cosas que nos gustaría incorporar, para hacerla crecer, como que el arraigo vaya ligado al a contribución y a la vinculación al territorio", ha apuntado. Son cuestiones que, aunque no ha detallado, Vox ya ha aceptado en otras instituciones, por lo que ha confiado en que no habrá problema para llegar a un consenso.

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El texto registrado por Vox, en líneas generales, pide repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma irregular; establecer la 'prioridad nacional' en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda; o proceder a la "remigración" de todos aquellos extranjeros "que por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles".

También priorizar a los españoles "en todos los frentes de la vivienda" y en el acceso a las pensiones; impedir que salvo casos de asistencia sanitaria urgente de carácter vital los inmigrantes irregulares puedan ser atendidos; negar la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en asuntos relacionados con procesos de expulsión del territorio nacional; y poner fin al proceso extraordinario de regularización extraordinaria de personas inmigrantes.

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

El PP, ha anunciado Bauzá, también llevará al pleno de este jueves una proposición para reclamar que se derogue el real decreto que regula el proceso de regularización al entender que es un proceso "improvisado" y que "carga sobre las espaldas de los ayuntamientos" la expedición de certificados de vulnerabilidad.

El 'popular' ha criticado que la Delegación del Gobierno en Baleares desconozca cuántas personas se podrán acoger a la medida en el archipiélago y ha vinculado esta cuestión a la falta de relaciones diplomáticas con los países de origen de los migrantes, aunque estos deben llevar en territorio español desde hace meses.

También ha recriminado al Ejecutivo central que no esté dando los recursos económicos necesarios para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo los trámites relacionados con la regularización. "El Gobierno nos tiene que dar herramientas a la administración local, que es la más cercana pero también la más débil. Si el Ayuntamiento de Palma está como está, no me quiero imaginar otros más pequeños", ha apuntado.

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Preguntado por cuánto dinero necesitaría Cort para afrontar la tramitación de las cerca de 5.000 solicitudes de informes de vulnerabilidad --por el momento no se tiene constancia de que se haya comenzado a tramitar ninguno de ellos--, Bauzá no se ha aventurado a dar una cifra concreta. "Necesitaríamos incrementar mucho la cifra presupuestada para los servicios sociales en 2026, pero es imposible de cuantificar en un número porque ni el Gobierno sabe cuánta gente hay que regularizar", ha explicado.

El regidor del PP ha confiado en obtener el apoyo de otros grupos municipales tengan "la cordura necesaria para poner fin a esta regularización que nos deja a los pies de los caballos".