El Govern considera de "sentido común" priorizar a los residentes en el acceso a vivienda pública

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido la exigencia de 5 años de residencia legal para acceder a una vivienda de protección pública y 3 para una prestación de Renta Social Garantizada, porque considera que "es de sentido común priorizar a la gente de aquí".

"El concepto que manejamos en Baleares es muy claro", ha defendido Costa en la rueda de prensa del Consell de Govern sobre la polémica de exigir "prioridad nacional" como reclama Vox: "Si el debate nacional se lleva a un concepto que se ha puesto ahora encima de la mesa, nosotros no vamos a contribuir al debate".

VOX propone en el Parlament priorizar a españoles en ayudas sociales, sanidad y vivienda

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Sobre la defensa de Vox de una proposición no de ley registrada en el Parlament balear en la que aboga por que los españoles tengan preferencia en el acceso a servicios públicos, Costa ha insistido en que el Govern tiene claro el concepto que maneja y que ya está aplicando, y es la exigencia de plazos de residencia legal tanto para acceder a vivienda públicas como a la Resoga.

Ha precisado que no ha leído la proposición no de ley de Vox ni sabe en qué términos la han planteado, y solo si coincide con este tipo de prioridad para los residentes el PP no tendrá inconveniente en respaldarla.

El vicepresidente ha recordado que hay municipios gobernados por la izquierda en Baleares que "directamente exigen 15 años de residencia" para acceder a viviendas con algún tipo de protección pública, algo que considera "perfectamente legal". "Y lo vamos a defender donde haga falta", ha agregado.

Ha puesto como ejemplo que "el propio Estado exige 10 años de residencia legal en España para otorgar una pensión no contributiva".

Sobre esta misma cuestión, la consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, ha defendido que la posición del Govern, "más allá del debate de los conceptos", es optar por "medidas efectivas, que se pueden aplicar" y por "poner orden en las prestaciones y exigir unos requisitos mínimos". "Nos quedamos con la practicidad", ha concluido.