Comienza el desalojo del asentamiento ilegal de sa Joveria

El operativo para desalojar el asentamiento ilegal de sa Joveria, en Ibiza, se ha iniciado este martes, tal y como estaba previsto.

En el operativo se han instalado unas carpas junto al acceso situado próximo al recinto ferial donde hay técnicos de los servicios sociales para dar una primera atención a las personas que lo puedan precisar.

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Además, en la UTS Eixample varios técnicos recibirán a personas derivadas desde la carpa y, desde allí, se tramitarán las prestaciones que pudieran tener lugar.

Por ahora, el Consistorio ha facilitado ubicaciones temporales de alojamiento de emergencia para siete unidades familiares, más siete plazas para adultos sin cargas familiares.

Durante el desalojo, también se cuenta con técnicos municipales de Medio Ambiente con el objetivo de controlar la gestión de los residuos presentes en las parcelas afectadas. Una decena de policías locales controlan el desalojo y se espera también la participación de efectivos de la Policía Nacional.

Cabe recordar que el Consistorio recibió una notificación de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizando la entrada, desmontaje y limpieza de la parcela conocida como Sa Joveria.

El Ayuntamiento había solicitado a los propietarios mediante un procedimiento de orden de ejecución el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad con la retirada exhaustiva de los residuos y demás actuaciones necesarias en la parcela. Ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la propiedad, se inició el procedimiento judicial que ha autorizado la entrada, desmantelamiento y limpieza de dicha parcela, que posteriormente será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.

En esta parcela se habían ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña.

El Ayuntamiento había advertido de que los ocupantes vivían allí sin unas condiciones mínimas de higiene y seguridad, sin fosas sépticas, sin agua potable, sin tratamiento de residuos, y con grave riesgo tanto para su salud, como para su seguridad, al existir riesgo de plagas y un alto riesgo de incendio ya que se identificaron hornillos, estufas, bombonas de gas y demás elementos destinados a cocinar y a hacer fuego.

Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento y que forma parte del expediente y procedimiento judicial se encuentran varios informes de distintos organismos y entidades. En estos informes se señalaba el riesgo ambiental y sanitario asociado por posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, así como aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes.