Palma denuncia el colapso de las OAC por una regularización "sin planificación"
Desde el pasado miércoles, cientos de personas están acudiendo sin cita previa a las oficinas para informarse sobre el proceso, provocando largas colas
Sergio Jiménez | Mallorca, 17 de Abril de 2026 | 17:07h

El Ayuntamiento de Palma ha advertido de que las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) continúan colapsadas por tercer día consecutivo debido al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España, cuya falta de planificación -según el Consistorio- está generando una fuerte presión sobre los servicios municipales.
Desde el pasado miércoles, cientos de personas están acudiendo sin cita previa a las oficinas para informarse sobre el proceso, provocando largas colas y una situación que se ha repetido también este viernes. En solo tres días, más de 1.100 personas han sido atendidas en la OAC Social y más de 3.000 en el conjunto de oficinas municipales.
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El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ya criticó el jueves la medida del Ejecutivo central, calificándola de "improvisada" y denunciando que se ha puesto en marcha sin planificación, sin recursos adicionales y sin coordinación con comunidades autónomas ni ayuntamientos. A su juicio, esta situación está comprometiendo gravemente el funcionamiento ordinario de los servicios públicos.
El Consistorio alerta de que el colapso dificulta la atención al resto de ciudadanos que necesitan realizar otros trámites, al tiempo que somete a los trabajadores municipales a una presión "inasumible". Además, recuerda que los ayuntamientos son responsables de emitir los informes de vulnerabilidad necesarios para la regularización, así como del acompañamiento social posterior, sin haber recibido financiación ni refuerzo de personal.
En este contexto, se han tramitado más de 1.150 solicitudes de informes de vulnerabilidad en apenas tres días, una cifra que el Ayuntamiento considera insostenible. A ello se suman las 538 solicitudes registradas entre enero y abril de 2026, de las cuales 91 siguen pendientes de resolución.
Por ello, el Ayuntamiento ha reclamado al Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Baleares que adopten medidas urgentes para garantizar el orden y la seguridad, y que asuman directamente la gestión de la información del proceso. En respuesta a las declaraciones del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, el Consistorio ha insistido en que el problema no es la falta de consultas, sino la ausencia de medios para gestionar el volumen de solicitudes.
La situación se agrava, según el Ayuntamiento, por la falta de capacidad de la propia Administración General del Estado. La Oficina de Extranjería de Baleares se encuentra desbordada, con la mitad de sus plazas sin cubrir y plazos de hasta 120 días para tramitar expedientes, lo que evidencia -según el Ayuntamiento- la imposibilidad de asumir un proceso de esta magnitud con los recursos actuales.
Asimismo, el Consistorio critica que el Gobierno central no haya definido aspectos clave del procedimiento, como los requisitos para solicitar la regularización, el tipo de informe de vulnerabilidad necesario o los controles de identidad previstos. También lamenta que el último comunicado oficial no concrete estos criterios.
El Ayuntamiento advierte de que no existe una evaluación real del impacto del proceso, que recae principalmente en los municipios, afectando a servicios esenciales como la atención social, la vivienda o la escolarización. A pesar de ello, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la inclusión y la cohesión social, aunque insiste en que no puede asumir en solitario las consecuencias de una medida de esta magnitud sin la debida planificación y coordinación institucional.








