Prohens, sobre la regularización: "No todo el mundo que viene es un ser de luz"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vaticinado un empeoramiento de los servicios públicos y una mayor presión sobre el mercado de la vivienda como consecuencia de la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Así ha reaccionado este miércoles a preguntas de los periodistas después de que la medida haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A su parecer, la regularización de personas inmigrantes que en la actualidad se encuentran en situación administrativa irregular es "indiscriminada" e "ignora el crecimiento poblacional, la emergencia habitacional y la presión asistencial de los servicios sanitarios" de Baleares.

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"El resultado serán peores servicios públicos para los ciudadanos de Baleares, porque esta regularización no viene con el compromiso de más financiación", ha aventurado Prohens, quien ha aprovechado para reclamar la renovación del sistema de financiación autonómico.

Es por estos motivos, ha argumentado, que pese a que las competencias de migración son exclusivas del Estado el Govern presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y tratará de conseguir la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves.

"El coste práctico de esta regularización recae única y exclusivamente sobre las comunidades autónomas, por lo que consideramos que la podemos recurrir", ha justificado.

Prohens también ha insistido, aunque es una cuestión que han rechazado las entidades sociales, en que la regularización supondrá un "efecto llamada" y beneficiará "a las mafias que hacen negocio con algo que es innegociable, la dignidad de cualquier vida humana".

Además, ha lamentado que el Gobierno haya "ignorado las advertencias de la Comisión Europea", que señaló que los inmigrantes regularizados de forma extraordinaria "solo serían legales en España", o el resto de países europeos del entorno.

"El Govern, en la misma línea que todos los países europeos de diferente signo político, defiende una inmigración legal y ordenada. Baleares siempre ha sido una tierra de acogida de quien viene a trabajar, a sumar, a integrarse y a respetar las leyes y la cultura", ha subrayado.

LOS ANTECEDENTES PENALES

La presidenta autonómica también ha lamentado que el Ejecutivo no haya contemplado las recomendaciones que hizo el Consejo de Estado, aunque el texto definitivo sí que recoge varias de ellas.

La principal es que ya no bastará una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales, una cuestión sobre la que ha ironizado Prohens.

"Si esperan que de las gracias por limitar que no entren delincuentes en este proceso de regularización... Me parece lo mínimo que se pida un certificado de penales más allá de la declaración responsable", ha apuntado la líder regional, quien ha criticado que la izquierda le llamara "racista y fascista" por "no querer dejar entrar a delincuentes sin preguntarles si son delincuentes".

"No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz", ha incidido.

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LA FALTA DE DATOS

Preguntada acerca del origen de la estimación de 30.000 potenciales beneficiarios en Baleares que este martes hizo la consellera Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, la presidenta se ha mostrado cauta.

"No tenemos datos fiables del Gobierno", que estimó que serían unos 10.800 los regularizados en el archipiélago, ha dicho. "Nos piden que estemos preparados para un proceso que no sabemos a cuántas personas afectará", ha agregado.

Prohens ha expresado su preocupación por las reunificaciones familiares o el "colapso" que se está dando ya en las oficinas consulares a raíz de este proceso de regularización extraordinario.

También ha hablado de personas que "de golpe pierden su pasaporte" para poder acogerse a esta medida. "La irresponsabilidad es tal que no me atrevo a dar una cifra hasta que acabe el proceso", ha zanjado.