El Gobierno activa la oficina de reparación para víctimas de abusos en la Iglesia

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la creación de una nueva oficina en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que se encargará de tramitar a partir de este miércoles 15 de abril las solicitudes de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

"Hoy hemos acordado la modificación del Real Decreto de Estructura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y creamos la Oficina de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica", ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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De esta forma, Bolaños ha señalado que, a partir de mañana, "todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica podrán acudir al nuevo modelo" mixto de reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, en el que la Iglesia asumirá las reparaciones, que podrán ser simbólicas, restaurativas o económicas, y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.

Además, ha anunciado que van a lanzar "una campaña informativa" para que las asociaciones de víctimas puedan difundir la información y todas las víctimas conozcan los trámites que deben realizar para solicitar la reparación.

"Creo que hacemos justicia y ahora es muy positivo que todas las víctimas de estos abusos conozcan cuál es el procedimiento y a partir de mañana puedan hacerlo efectivo", ha remarcado.

La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica, "con todas las garantías de seguridad y privacidad", según ha informado el Ministerio. Además, ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico ([email protected]) y por teléfono (91 837 22 95).

Las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por "especialistas y profesionales independientes", que será la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.

Si hubiese discrepancias, se convocará una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para tratar de llegar a un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.

Este mecanismo de reparación es fruto del acuerdo que firmaron el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero, y podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial, bien porque ha prescrito, bien porque el agresor ha fallecido, con independencia de que hayan recibido anteriormente o no algún tipo de compensación por parte de la Iglesia católica, a través de su Plan PRIVA. Las víctimas tendrán un plazo de un año, prorrogable a otro, para presentar sus solicitudes.