Guerra en Llucmajor por las obras ilegales del jefe de la Policía: de la denuncia penal al "acoso vecinal"
Los afectados señalan al Ayuntamiento por presunto trato de favor mientras Torrandell denuncia una campaña de desprestigio contra su familia
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 11 de Abril de 2026 | 15:32h
Una vivienda de Llucmajor se ha convertido en el epicentro de un conflicto que mezcla denuncias urbanísticas, acusaciones de inacción administrativa y un enfrentamiento vecinal que lleva años enquistado. Mientras los denunciantes alertan de posibles irregularidades en varias construcciones, el Ayuntamiento confirma que hay expedientes abiertos… pero sin resolución por el momento.
Lo que comenzó como una disputa entre vecinos por unas obras está derivando, a día de hoy, en un terremoto político y jurídico. El foco está sobre el jefe de la Policía Local, Sergi Torrandell, que ya en 2020 y 2022 fue señalado por hacer presuntas obras ilegales en su vivienda. El caso ha tomado un cariz jurídico ya que su vecino denuncia una supuesta "inacción" del Ayuntamiento y amenaza con una querella penal.
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Según la denuncia que ha formalizado una letrada de Manacor en representación del vecino colindante, a la que ha tenido acceso este medio, las obras en la vivienda de Torrandell habrían afectado a elementos clave de la normativa urbanística, como ampliaciones invadiendo el retranqueo lateral, construir una piscina sin respetar los 3 metros de distancia a la medianera y casetas auxiliares ilegales.
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y LA AMENAZA PENAL
El caso se mueve en una zona gris habitual en el urbanismo: la frontera entre lo legal, lo prescrito y lo que está pendiente de regularización. La Ley 12/2017 de urbanismo de las Illes Balears establece que las obras sin licencia pueden ser sancionadas y obligadas a restituirse. Sin embargo, también contempla la prescripción de determinadas infracciones con el paso del tiempo y la posibilidad de legalizar construcciones si cumplen con los requisitos actuales. Ese equilibrio es, precisamente, el que está ahora en discusión.
La mayor queja del denunciante es el silencio administrativo. Sostienen que el Ayuntamiento de Llucmajor ha permitido la consolidación de estas obras por omisión. "Se ha pedido la demolición y el restablecimiento de la legalidad, pero no han movido nada", afirman. En este sentido, amenazan con una denuncia penal: "Vamos a denunciar al antiguo alcalde, a la alcaldesa, arquitectos y funcionarios de urbanismo porque, a sabiendas de la irregularidad, no han actuado".
LA VERSIÓN DE TORRANDELL: "ES UN CALVATIO Y UN ACOSO VECINAL"
Sergi Torrandell, jefe de la Policía Local, ha atendido a este medio para desmentir lo que califica como "denuncias falsas", ofreciendo una versión radicalmente opuesta y calificando la situación como un acoso sistemático contra su familia. Incide, además, en separar su cargo público de su vida privada: "No construye el Jefe de Policía, construye una familia".
Admite, sin embargo, haber realizado obras sin licencia entre 2001 y 2013 —incluyendo una piscina, una pérgola y la ampliación de un dormitorio—, aunque recalca que en aquel periodo no formaba parte de la Policía Local de Llucmajor. Según su testimonio, en 2021 inició la regularización de estas estructuras aprovechando que las infracciones habían prescrito tras superar los ocho años de antigüedad. En el marco de este proceso, asegura haber reducido la piscina en 20 centímetros para cumplir con la distancia reglamentaria y haber obtenido licencia para nuevas casetas auxiliares que, según el Grupo A del Plan General (PGOU), pueden ir adosadas a la medianera.
El mando policial atribuye la denuncia a una "mala fe" por parte de su vecino, a quien señala por actuar por despecho tras haber sido obligado a derribar 24 metros de su propia vivienda a raíz de una denuncia previa de Torrandell. Lamenta sufrir un constante acoso vecinal, asegurando que el denunciante se dedica a proferir insultos desde la linde y a subir a la terraza para fotografiar a su familia en la intimidad de su jardín.
LA VERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR
El Ayuntamiento de Llucmajor, por su parte, reconoce que el caso está en marcha, aunque sin conclusiones por ahora. Fuentes municipales aseguran que “hay unos expedientes abiertos a la espera de informes técnicos y jurídicos” y admiten que todavía no se ha producido una resolución. “Hasta que no tomen una decisión, no hay una comunicación”, señalan, subrayando que el procedimiento sigue su curso administrativo.
La administración añade que el expediente “está en cola” y que se responderá a todas las partes cuando llegue su turno, lo que apunta a un proceso que avanza, pero sin plazos claros.
