Entra en vigor la ley de multirreincidencia
Con un amplio consenso parlamentario, la normativa otorga más poder a las entidades locales y facilita medidas cautelares para alejar a delincuentes reincidentes
EFE | Mallorca, 10 de Abril de 2026 | 06:39h
La ley contra la multirreincidencia entra en vigor este viernes tras su publicación en el BOE, una norma que penaliza con hasta tres años de cárcel los robos de teléfonos móviles y que endurece las penas para quienes reincidan en delitos de hurto leve o estafa.
Impulsada por Junts, la ley recibió a finales de marzo un amplio apoyo del Congreso de los Diputados (272 votos a favor de PP, PSOE, Vox, PNV y UPN), tras pasar un periplo parlamentario que llevó a su bloqueo durante meses: se reactivó en noviembre del año pasado, después de que el partido de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Gobierno.
La norma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para penalizar con hasta tres años de prisión el robo de móviles, así como con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros y sean multirreincidentes, esto es, quienes acumulen al menos tres condenas por dicho delito.
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Además, la ley da potestad a los juzgados para que adopten con mayor eficacia medidas cautelares de carácter personal, como sería el caso de prohibir acudir o residir en determinados lugares.
Esta ley también legitima a las entidades locales para ejercer la acción penal en los casos de hurto.
Entre las novedades también figuran la tipificación como delito del 'petaqueo', es decir, el uso de embarcaciones que en alta mar surten de bidones de combustible a las narcolanchas.
También en materia de narcotráfico, la ley ha incorporado un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico, con penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 24 meses, para los delitos vinculados con los cultivos de marihuana en interiores, donde es habitual que se cometa fraude de suministro eléctrico.
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Por otro lado, la ley habilita a los jueces que investiguen delitos cometidos a través de internet a retirar cautelarmente contenidos ilícitos, y a interrumpir y bloquear los servicios que los ofrezcan, incluso en el extranjero.
