Una familia de Marratxí, al límite: "O le dan la discapacidad a nuestro hermano o aparecerá muerto en sucesos"

La desesperación ha llevado a los hermanos Cazorla a alzar la voz tras meses de silencios burocráticos. Desde el pasado mes de octubre, Manuel, Manola y Antonia luchan para que la administración reconozca la discapacidad de su hermano, un hombre de 54 años que, según explican, no se vale por sí mismo. "Tiene diabetes, sufrió un infarto, no se toma la medicación y no es consciente de lo que hace ni de la situación", relatan con angustia. La advertencia de la familia es tajante ante la falta de medidas: "O se la dan o aparecerá muerto en sucesos".

La estabilidad de la familia se quebró cuando una joven de 24 años, que se encuentra tutelada, entró en la vida del hombre. Los hermanos señalan que los problemas comenzaron cuando esta mujer empezó a presentarse de madrugada en la vivienda donde él convivía con su madre. La situación se volvió tan insostenible que la progenitora, al no querer convivir con ella, se vio obligada a abandonar su propia casa para trasladarse a un terreno propiedad de otro de sus hijos.

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La familia denuncia que esta joven, de quien sospechan que "se dedica a la prostitución", "ha arrastrado a nuestro hermano al mundo de las drogas. Sabemos que le ha sacado 10.000 euros para consumo", aseguran. Esta relación ha derivado en episodios de violencia extrema, con ambos terminando en los calabozos en varias ocasiones tras agredirse mutuamente.

La violencia no se limita a la pareja. Según el relato de los hermanos, hace apenas unos días, la madre de la joven habría agredido al hombre tras acusarle de ser él quien llevaba por mal camino a su hija. Como consecuencia, el hermano sufrió lesiones en las cervicales, cortes en los labios y heridas en las manos.

NO LES OFRECEN NINGUNA SOLUCIÓN

Ante esta situación, Manuel Cazorla intentó buscar soluciones contactando con uno de los guías de la joven tutelada. Sin embargo, la respuesta recibida fue desalentadora: "Me dijo que no podía hacer nada, que la jueza no podía ingresarla en ningún centro porque faltaban informes".

En cuanto a la discapacidad, el trámite parece haberse estancado en un laberinto administrativo. A pesar de contar con un informe profesional privado que le reconoce entre un 35% y un 40% de discapacidad, la resolución oficial sigue sin llegar.

El miedo de los Cazorla tiene un precedente trágico que no olvidan. Recuerdan el caso de otra hermana con discapacidad que fue violada en el año 2013: "No actuaron ni le dieron plaza hasta que pasó lo que pasó. Hasta que no ocurre nada grave, no actúan".

Con este historial a sus espaldas, la familia exige una intervención inmediata por parte de Asuntos Sociales o del Ayuntamiento de Marratxí, para proteger a un hombre que, insisten, es un riesgo tanto para sí mismo como para la sociedad. "Pedimos la discapacidad y protección. Nuestro hermano no puede seguir así", sentencian.