"Me veo tirado en la calle sin ningún derecho": el grito de auxilio de los desempadronados en Palma

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha vivido este jueves una de sus jornadas más tensas. Lo que habitualmente son debates de gestión se ha convertido en un escenario de protesta colectiva, cuando varios ciudadanos, afectados por los recientes desempadronamientos y las trabas para acceder al registro municipal, han tomado la palabra para denunciar que se han vuelto "invisibles" para el sistema.

Invitados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los protagonistas han puesto voz a una realidad que afecta a quienes viven en infraviviendas o vehículos. Es el caso de Luis Gómez, de 53 años, que reside en una caravana en Son Hugo tras 16 años en la isla. Su relato ha sido demoledor: "Hace tres años me empadroné y, dos años más tarde, el Ayuntamiento me desempadronó. No les pido una casa, sino que me dejen vivir con derechos, porque me han quitado el derecho a casarme, al voto o a ir al médico". Luis resumía su angustia en una frase: "Me veo tirado en la calle sin derecho alguno".

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Por su parte, Ariadna, que también vive en una autocaravana, denunciaba un bloqueo burocrático constante pese a trabajar en Palma y tener a su hija escolarizada: "No se me ha concedido el empadronamiento, pero tampoco se me ha denegado formalmente. Solo he recibido derivaciones constantes". Su caso ha llegado incluso al Defensor del Pueblo, sin que hasta ahora Cort haya movido ficha.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

El trasfondo de esta protesta es la acusación del PSOE contra la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca. Los socialistas sostienen que Roca pidió a la Cruz Roja un listado de 300 personas en exclusión social con el único fin de darlas de baja del padrón, rompiendo con la práctica habitual de protección a los colectivos vulnerables. La portavoz de la PAH, Ángela Pons, ha sido tajante ante el equipo de gobierno: "Estáis incumpliendo la ley, y esto se tiene que arreglar. Estamos hartos de que los derechos que nos corresponden se vulneren día a día".

DISPUTA POLÍTICA

La controversia ha centrado dos mociones presentadas por Podemos y PSOE que, aunque no han prosperado, han servido para que la oposición cargue con dureza contra el alcalde, Jaime Martínez.

• Lucía Muñoz (Podemos) ha acusado al alcalde de declarar la "guerra a los pobres" y de convertir la vulnerabilidad en un motivo de exclusión masiva.
• Daniel Oliveira (PSOE) ha recriminado que se use el padrón como una "herramienta de exclusión" que juega con derechos básicos como la sanidad o la educación.

LA DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO

La réplica del equipo de gobierno ha corrido a cargo de Mercedes Celeste, regidora de Gobierno Interior. Celeste ha negado cualquier cambio arbitrario en la norma, explicando que ahora las entidades sociales deben actualizar sus listados cada seis meses (antes era cada año) para cumplir con los criterios técnicos. En un contraataque político, Celeste ha desviado la responsabilidad hacia Madrid, asegurando que el Gobierno central ha desempadronado a 50.000 personas en Palma y espetando a los socialistas: "El equipo de gobierno está al lado de la ley que marcan ustedes".

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El debate en el Ayuntamiento ha concluido sin acuerdos, pero con la mirada puesta en la comparecencia final de Lourdes Roca, quien deberá dar explicaciones detalladas sobre unos listados que han puesto en pie de guerra a los colectivos sociales de la ciudad.