Piden una investigación interna ante los desempadronamientos "masivos" en Palma
Señalan la pérdida de derechos básicos como la sanidad o el voto tras la eliminación de casi 15.000 registros municipales
cronicabalear.es | Mallorca, 18 de Marzo de 2026 | 13:18h | Actualizada el 18/03/2026 | 13:30h
La izquierda de Palma ha cerrado filas contra la política de empadronamiento del equipo de gobierno de Jaime Martínez.
El PSOE de Palma ha exigido una investigación interna tras revelar que Cort ha eliminado del registro a 14.893 personas desde 2024, una cifra que califican de "sin precedentes" y que equivale a la mitad de la población del barrio de Pere Garau.
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El portavoz socialista, Xisco Ducrós, ha denunciado una estrategia clara de persecución que supone un aumento del 66% respecto a años anteriores, vinculando esta "depuración" a las exigencias de Vox para localizar a personas en situación de emergencia social.
A esta ofensiva se ha sumado Unidas Podemos, cuya portavoz, Lucía Muñoz, ha solicitado la comparecencia urgente de la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca. Muñoz ha sido tajante al afirmar que Roca ya debería haber dimitido por mentir sobre su gestión y ha exigido la paralización inmediata de unas bajas que dejan a miles de personas sin acceso a la sanidad, la educación o las ayudas públicas.
Desde la formación morada califican la medida de "racismo institucional" y denuncian una guerra abierta contra los más pobres, señalando que esta limpieza del censo es una decisión política consciente que se suma a la nueva ordenanza cívica o al desalojo de la antigua prisión.
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Ambas formaciones coinciden en que el empadronamiento es la llave de acceso a derechos fundamentales para los colectivos más vulnerables, como trabajadores precarios, familias migrantes y personas sin hogar.
Mientras el PSOE aporta datos que muestran un salto de las 2.614 bajas en 2023 a las más de 7.300 previstas para 2025, Podemos advierte que Cort está convirtiendo la vulnerabilidad en un motivo de exclusión.
Para la oposición, el Gobierno local está priorizando la apariencia de control por encima de la dignidad humana, ejecutando lo que definen como un castigo sistemático contra quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda estable en la ciudad.
