El censo de la cárcel vieja de Palma asciende a 226 residentes mientras avanza el desalojo

El censo de la antigua prisión de Palma ha ascendido hasta las 226 personas residentes, después de que se corrigieran algunos errores, mientras el Ayuntamiento apura los plazos para ejecutar el desalojo del inmueble.

Lo ha explicado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno municipal celebrada este miércoles y en la que se ha aprobado la modificación del recuento.

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Ya se ha notificado del desalojo a la mayoría de estas personas y en breve se hará lo propio con el resto. En paralelo, Cort está recibiendo y analizando las alegaciones presentadas por las personas afectadas.

Una vez resueltas, los residentes dispondrán de unos días para abandonar de forma voluntaria el inmueble, algo que, ha admitido Martínez, por el momento no ha hecho ninguno de ellos.

De ser así al finalizar el plazo marcado por el Consistorio, se notificará la situación a un juzgado de Palma para que la estudie y marque los pasos a seguir.

"Cuando acabe el proceso, en unas semanas, si no hay salidas voluntarias se comunicará el juzgado y será este el que marque los plazos", ha detallado el alcalde.

 SIN SOLUCIONES HABITACIONALES

Unas dos semanas después de que el Ayuntamiento hiciera un llamamiento a entidades sociales e instituciones para que colaboraran en la búsqueda de alternativas habitacionales temporales para estas personas, por el momento no hay avances.

"A día de hoy no tengo constancia de que hayan dado ningún tipo de recurso para dar a estas personas una solución temporal", ha reconocido Martínez.

El pasado fin de semana se reunieron con algunas de ellas, como el Obispado de Mallorca, que puso sobre la mesa "una serie de opciones que se están valorando" pero sobre las que el alcalde ha rehusado dar más detalles hasta que se concreten en una realidad.

En paralelo, ha añadido, los servicios sociales municipales siguen trabajando para atender a las personas que cumplan con los criterios marcados por la normativa.

"Pero visto el perfil de las personas que residen en la cárcel, es difícil que mayoritariamente cumplan con estas condiciones", ha concedido Martínez.

EL CENSO DE PALMA

En otro orden de temas, el alcalde ha justificado que el padrón es "algo vivo" y que las administraciones tienen la obligación de actualizarlos al ser preguntado por la baja de casi 7.500 personas en el último año.

Son prácticamente el triple, por ejemplo, de las que se hicieron en todo 2023 o mil más que en todo 2024.

Estas bajas del padrón, ha explicado Martínez, se pueden hacer de oficio o a instancias de los propietarios del inmueble, que es lo más habitual. "Hay quienes se han encontrado que hay 15 personas empadronadas porque históricamente no se ha hecho una revisión", ha puesto como ejemplo.

También ha dicho que desde la administración estatal se ha eliminado a unas 5.000 personas que estaban empadronadas en Palma y que desconoce los motivos. "Me gustaría saber en base a qué lo hace y dónde estaban empadronadas o no estas personas", ha manifestado.

Aunque no se han puesto más medios de inspección para evitar el fraude en los empadronamientos, se ha seguido haciendo todo lo que marca la ley.