Los 'rent a car' arremeten contra Baleares y denuncian una "criminalización" del sector

El conflicto por la limitación de vehículos en Baleares suma un nuevo capítulo de tensión. La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) ha denunciado públicamente que las normativas de restricción de entrada de coches -ya activas en Ibiza y Formentera, y en trámites para Mallorca y Menorca- suponen una "criminalización" directa de una industria.

Durante un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, el presidente ejecutivo de la patronal, Juan Luis Barahona, ha cargado contra lo que considera "imposiciones unilaterales" por parte del Govern y los diferentes consells insulares. Según Barahona, estas medidas no solo ponen en la diana al sector, sino que vulneran la libertad de movimiento, un derecho que la federación considera fundamental.

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CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Desde Feneval argumentan que las instituciones están utilizando al sector del alquiler de vehículos como "chivo expiatorio" de los problemas de movilidad de las islas. Barahona ha señalado que estas normativas vinculan al rent a car con una supuesta interferencia en la vida de los residentes, cuando, a su juicio, el problema real reside en la falta de medidas efectivas por parte de las administraciones.

"Se nos señala mientras no se llevan a un ritmo adecuado mejoras reales en el transporte público o en las infraestructuras", ha criticado el líder de la patronal, subrayando que estas decisiones perjudican la imagen de un país donde el turismo es el pilar del PIB.

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EL CAOS OPERATIVO EN IBIZA

Uno de los puntos más críticos de la intervención ha sido la situación específica de Ibiza. Feneval ha denunciado un "retraso considerable" en la aprobación del texto definitivo que debe fijar las cuotas de vehículos para este año. Este bloqueo administrativo, en plena planificación de la temporada alta, genera una incertidumbre logística que afecta directamente a la operativa de las empresas.

Para la patronal, la tardanza en la valoración y adjudicación de las peticiones de flota supone un perjuicio directo para una industria que se considera "imprescindible" para garantizar la movilidad del turista y el éxito de la campaña estival.