Una propietaria de Baleares reduce un 88% una multa por alquiler turístico ilegal
Una propietaria ha logrado reducir la sanción de 275.000 a 33.000 euros
Pablo S. Molina | Mallorca, 11 de Marzo de 2026 | 07:45h
Una propietaria de Ibiza ha logrado por primera vez en Baleares reducir un 88% una multa por alquiler turístico ilegal tras llegar a un acuerdo con el Consell Insular para incorporar la vivienda al programa Alquiler Seguro del Govern balear.
El convenio ha permitido reducir la sanción de 275.000 euros a 33.000 euros y se ha alcanzado por la vía administrativa, sin necesidad de acudir a los tribunales, ha informado este miércoles en un comunicado el despacho de abogados Soriano i Piqueras, que ha intervenido en el acuerdo.
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El Consell de Ibiza ha destacado, por su parte, que es el primer caso de Baleares en que un inmueble pasa al programa autonómico de alquiler social en aplicación del decreto autonómico que permite una reducción de la sanción en un 80%.
La vivienda es un piso ubicado en Sant Antoni, que había sido destinado a alquiler turístico a través de la plataforma Airbnb sin contar con la correspondiente licencia. El acuerdo establece que la propiedad alquilará la vivienda durante cinco años por un precio fijado por la administración autonómica y con garantía de cobro del alquiler, y a cambio, el Consell aplicará la máxima reducción prevista en la normativa para este tipo de sanciones.
A esta rebaja se suma el descuento adicional del 40% previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, por reconocimiento de los hechos, la renuncia a la interposición de recursos y pronto pago de la sanción, han remarcado desde el despacho de abogados.
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El Consell de Ibiza ha destacado que la Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha adaptado algunos parámetros en los procedimientos sancionadores que hacen "atractiva" esta opción para que viviendas que hasta ahora se empleaban de manera turística, a pesar de carecer de cualquier título habilitante, pasen directamente al mercado residencial en la modalidad de alquiler social. Entre los cambios, la propuesta inicial de sanción es ahora de 275.000 euros, por encima de la mitad de la horquilla que permite la ley, cuando el año pasado se empezaba por una multa mínima de 50.000 euros.
El vicepresidente primero y responsable del área de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha explicado que la cuantía de las multas que tramita en estos momentos la institución ha generado "interés" por parte de los propietarios para aplicar la bonificación del 80% si se adhieren al programa autonómico.
Este programa permite a los propietarios ceder sus inmuebles al Govern balear para obtener una renta asegurada por un máximo de siete años y, a cambio, la Comunidad Autónoma puede alquilar la vivienda con una rebaja del 30 %.
