Cort niega que el desalojo de la cárcel vieja de Palma sea una "política racista o de criminalización de la pobreza"

Ante la protesta convocada este viernes en la cárcel vieja de Palma contra el desalojo del recinto, así como la denominada “caja de resistencia” promovida por algunas entidades, el Ayuntamiento se ha defendido asegurando que el inicio del desalojo de este espacio "responde exclusivamente a criterios de seguridad y responsabilidad institucional, ante la peligrosidad que supone seguir ocupando el inmueble en las actuales condiciones", según recogen los informes técnicos municipales.

“Animar a estas personas a quedarse en la antigua prisión o promover acciones que deriven en actos incívicos son una tremenda irresponsabilidad”, ha denunciado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet. Ante las críticas a Cort que ha suscitado el desalojo, Bonet ha rechazado rotundamente que la actuación municipal responda a criterios de discriminación o criminalización de la pobreza: “Negamos de forma tajante cualquier intento de presentar esta actuación como una política racista o de criminalización de la pobreza. Nuestra obligación como administración es garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en el interior del recinto, así como la de los policías y bomberos que deben intervenir cada vez que se produce un incidente”.

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En este contexto, ha insistido en que la prioridad municipal es proteger la integridad física de los ocupantes y de los trabajadores municipales, ya que “no actuar frente a esta situación supondría una clara dejación de funciones y una irresponsabilidad institucional ante los riesgos que existen”.

Ante este escenario, el Ajuntament vuelve a instar a las entidades del tercer sector y a las organizaciones sociales a colaborar con las instituciones para explorar todas las vías posibles que permitan ofrecer soluciones a las personas que actualmente residen en el recinto, en lugar de promover iniciativas que puedan prolongar una situación de riesgo elevado para las mismas o derivar en actos incívicos.

El Consistorio habilitó la semana pasada un correo electrónico específico para que las entidades pudieran comunicar los recursos disponibles de los que dispongan para facilitar soluciones habitacionales o de acogida, si bien aún no han recibido ninguna propuesta a través de esta vía. Asimismo, desde Cort se remitió un escrito a todas las entidades integradas en la red EAPN solicitando su colaboración para ofrecer plazas de acogida temporal si disponen de ellas y a activar recursos residenciales de emergencia.

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Paralelamente, el área municipal de Serveis Socials ha puesto en reiteradas ocasiones a disposición de los residentes los recursos incluidos en la cartera municipal, con el objetivo de ofrecer acompañamiento y apoyo. También se ha pedido en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno a habilitar las medidas que estén dentro de sus competencias, teniendo en cuenta que aproximadamente el 65% de los residentes de la cárcel vieja se encuentran en situación administrativa irregular.

“Seguiremos explorando todas las vías de colaboración que permitan ofrecer una solución a estas personas, atendiendo a la urgencia de actuación que requiere la situación de la antigua prisión. Obstaculizar este propósito sería un acto de irresponsabilidad que comprometería la seguridad e integridad de quienes residen en el recinto y de los servicios de emergencia que intervienen en cada incidente”, ha concluido Bonet.