Las claves de la investigación de la DANA de Valencia, tras más de 15 meses

Una jueza de Catarroja investiga desde marzo de 2025 las responsabilidades penales sobre la gestión de las inundaciones

EFE | Mallorca, 24 de Febrero de 2026 | 17:37h

Aspecto de los alrededores de la localidad valenciana de Paiporta donde vecinos y militares continúan los trabajos de limpieza. EFE.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, centraliza desde finales de enero de 2025 las diligencias previas 692/2024, abiertas el 30 de octubre de 2024 por 75 fallecimientos dentro de su partido judicial tras la dana.

Este juzgado se dedica, desde marzo de 2025, en exclusiva a la causa penal sobre la gestión de las inundaciones que causó la dana del 29 de octubre del año anterior, en la que se investiga el supuesto homicidio imprudente de 230 personas (una más está en examen) y las lesiones sufridas por “la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población”.

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El objeto del procedimiento es "la conexión entre la pasividad, el retraso manifiesto y de forma errónea en el aviso a la población, y la pérdida de las 230 vidas", y este martes la jueza ha situado al expresident de la Generalitat Carlos Mazón en el núcleo de responsabilidad por haberse "excluido voluntariamente" de la gestión de aquella tragedia.

En el sumario constan desde el 10 de marzo de 2025 como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

La acusación es ejercida por 13 partidos (Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís); sindicatos (CGT e Intersindical) y diversas asociaciones entre las que figuran como más activas Acció Cultural del País Valencià o Mai Més, además de decenas de familiares de víctimas que ejercen la acusación particular.

Aparte de la acción penal, la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud Valencia abrió el pasado mes de octubre una nueva vía judicial de reclamación a la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por daños físicos, morales y aquellos bienes materiales que no hayan sido "suficientemente indemnizados", por valor de 58 millones de euros.

Desde diciembre de 2024 la jueza ha tomado declaración (entre València y Catarroja) a más de 400 testigos, en su mayoría familiares de víctimas, además de peritos, trabajadores de emergencias y algunos políticos, entre ellos el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, cuando era secretario general de los populares valencianos y antes de suceder a Mazón en el cargo.

Fruto de las preguntas y diligencias ordenadas por la jueza instructora de Catarroja se han ido conociendo detalles clave sobre la gestión de la emergencia durante aquella jornada, tales como la hora de la llegada exacta de Carlos Mazón al Cecopi, el tiempo que permaneció allí (en l'Eliana), las decenas de miles de llamadas que recibió el 112 y las horas a las que se produjeron.

El aviso "tardío y erróneo" a la población -en opinión de la jueza- y el hecho de que no se vigilasen los cauces y barrancos, como era preceptivo en una situación de emergencia hidrológica, son elementos esenciales en el relato de hechos que va configurando la instructora. 

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