Vox denuncia un "secuestro burocrático" por las restricciones de movilidad en Baleares
"Los residentes de Baleares nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra"
Pablo S. Molina | Mallorca, 23 de Febrero de 2026 | 13:07h
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Baleares, Manuela Cañadas, ha denunciado este lunes el "secuestro burocrático" que, a su juicio, están sufriendo los ciudadanos del archipiélago como consecuencia de las actuales políticas de movilidad impulsadas por las administraciones.
Según la formación, los sistemas de cuotas de entrada de vehículos y las restricciones medioambientales vigentes, como las aplicadas en Formentera, vulneran el derecho constitucional a la libre circulación y convierten los desplazamientos entre islas en un proceso "arbitrario y punitivo" para los residentes.
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Vox sostiene que el desarrollo de normativas que limitan el acceso de vehículos y la intención de extender estos modelos al conjunto del archipiélago han generado situaciones de "indefensión jurídica". En este sentido, la portavoz ha señalado casos en los que errores en plataformas digitales de gestión o problemas relacionados con la titularidad de los vehículos han derivado en sanciones de hasta 1.000 euros.
La formación también ha denunciado embargos de sueldos por multas notificadas, según afirman, con hasta tres años de retraso, una situación que califican de "persecución administrativa".
"Los residentes de Baleares nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra. Es inaudito que mientras nuestras fronteras nacionales son un coladero, un ciudadano de Baleares no pueda ir a Formentera a ver a su familia con su coche porque el cupo está lleno o porque su vehículo no es eléctrico", ha declarado Cañadas.
Desde el partido vinculan estas medidas a la implementación de la denominada Agenda 2030 y critican lo que consideran un "experimento del laboratorio globalista” bajo el paraguas de la sostenibilidad y el modelo de “ciudades de 15 minutos".
Vox se reafirma como la única formación que, según subrayan, exige el fin inmediato de lo que califican como "fronteras artificiales" entre islas. El partido defiende que el derecho a la movilidad no puede depender de la capacidad económica para adquirir un vehículo eléctrico ni de la disponibilidad de un cupo administrativo, y reclama que se garantice la libre circulación de los ciudadanos dentro de su propio territorio.
